Cataluña
1-O: Ocho años del referéndum que marcó la política en España y dividió a la ciudadanía
El 1 de octubre de 2017 marca un antes y un después en la historia reciente de Cataluña y de España. Ese día, la Generalitat organiza un referéndum de independencia que el Tribunal Constitucional declara ilegal.
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Desde primera hora de la mañana, centenares de colegios electorales abren sus puertas y miles de catalanes acuden a votar. De inmediato, la Policía Nacional y la Guardia Civil, por orden judicial, irrumpen para impedir la votación. Los agentes incautan urnas y papeletas y realizan cargas en varios puntos de Cataluña. El resultado son unas polémicas imágenes que dan la vuelta al mundo.
Para los partidos independentistas, Junts, ERC y la CUP, el 1 de octubre simboliza el ejercicio de un derecho democrático. Carles Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, proclama que el Estado español “pierde” y que los catalanes “ganan”, mientras Oriol Junqueras, vicepresidente, asegura que se ejerce el derecho a voto. Desde la CUP, Anna Gabriel sostiene que este día pasará a la historia como la defensa del derecho de autodeterminación.
La acción del Gobierno de España
El Ejecutivo de Mariano Rajoy insiste en la ilegalidad del referéndum, defendiendo una actuación del Estado desde la firmeza y la serenidad. El Gobierno argumenta que los organizadores actuaron a sabiendas de la suspensión dictada por los tribunales y que el Estado tiene la obligación de hacerla cumplir.
La visión de la oposición
Pedro Sánchez desde el PSOE califica la jornada como un “fracaso compartido” de Rajoy y Puigdemont y reitera su apoyo al Estado de derecho, aunque rechaza la violencia contra los ciudadanos. Albert Rivera en Ciudadanos, acusa al independentismo de dividir y fracturar a la sociedad catalana, y en Unidas Podemos, Pablo Iglesias rechaza la independencia, pero defiende el derecho a decidir, criticando las cargas policiales y la corrupción en el Gobierno del PP.
Un recuerdo aún vivo
Ocho años después, el 1 de octubre sigue presente. Para unos, representa la voluntad de un pueblo de decidir su futuro; para otros, la vulneración de la legalidad y la unidad de España. Lo que nadie discute es que esa jornada abrió una herida política y social que condiciona el presente y el futuro de la relación entre Cataluña y el resto del país.
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