El Supremo mantiene la orden de detención y denuncia una "campaña de presiones" para amnistiar a Puigdemont

El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de no amnistiar el delito de malversación del expresident catalán Carles Puigdemont y del exconseller Antoni Comin. La decisión abre la vía a que ambos recurran al Tribunal Constitucional (TC). El Supremo responde así con firmeza a los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez de forzar la amnistía de Puigdemont. La Sala Segunda del Alto Tribunal ha rechazado las "presiones" lanzadas desde Moncloa y denuncia una "campaña" de descrédito contra la Justicia.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, encabezó un nuevo intento de doblegar al Poder Judicial al afirmar que la Ley de Amnistía no será completa hasta que "incluya también a los líderes del proceso independentista". Además, el president de la Generalitat, Salvador Illa, exigió que se aplique "con diligencia" la norma a los cabecillas que no han sido beneficiados, con referencia a Puigdemont.

La Sala de lo Penal dictó un auto en el que rechaza admitir a trámite los incidentes de nulidad presentados por Puigdemont y Comin Comin contra el auto de la misma sala del pasado 9 de abril, que confirmó la no aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación, por el que ambos están procesados en la causa del 'procés'. Puigdemont acusaba al alto tribunal de emplear una "resistencia virulenta" para no aplicarle la ley de amnistía, una decisión que pidió anular para así derivar este asunto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El TC descarta un "reproche" al Supremo

Ahora, el Tribunal Constitucional (TC) ha aprobado la sentencia con la que avala la amnistía al 'procés', donde se incluye como novedad un análisis reforzado de los argumentos que recogía el borrador del fallo para descartar que supusiera un "reproche" al TS, que lo juzgó. Los magistrados sostienen que la ley no debe entenderse como un modo de "presión" hacia los jueces.

El fallo responde al alegato del recurso presentado por el PP contra la amnistía consistente en que "la aprobación de la ley orgánica implica un verdadero reproche o censura a la actuación del Poder Judicial en respuesta al llamado 'procés'".

El Constitucional responde que "ningún elemento hay en la concreta amnistía regulada que implique presión o influencia externa en la función jurisdiccional, ni que ligue a los jueces a órdenes, instrucciones o indicaciones de ningún otro poder público, ni que, más ampliamente, sitúe a los miembros del Poder Judicial en la tesitura de ejercer la función jurisdiccional temiendo represalias o esperando favores". El TC tampoco ve concernida "ninguna de las específicas garantías constitucionales de la independencia judicial" al entender que la ley de amnistía "no afecta a la inamovilidad de los jueces, ni a ningún otro elemento de su régimen estatutario, ni a la organización y funcionamiento de los tribunales".

"Hay simplemente, una ordenación legal del alcance del ejercicio jurisdiccional tanto en su vertiente material como procesal, potestad legislativa que coexiste, de este modo, con la exclusividad judicial de la función jurisdiccional, lo cual tampoco vulnera el resto de contenidos de la cláusula de Estado de Derecho específicamente relativos al Poder Judicial, esto es, la reserva de jurisdicción y el derecho a la tutela judicial efectiva", indica.

El futuro de Puigdemont

La ley de amnistía ya es oficialmente constitucional, pero eso no implica que Carles Puigdemont pueda regresar a España sin ser detenido. En su fallo, el Tribunal no aborda en profundidad el delito de malversación, que es el que afecta al expresidente huido. Simplemente ratifica las excepciones que la ley prevé para este delito, como el beneficio personal o el impacto en los intereses de la Unión Europea. El problema para Puigdemont es que el juez Pablo Llarena considera que esas excepciones se aplican en su caso, por lo que no se le concede la amnistía. Su próxima jugada es el recurso que su abogado ya está preparando ante el Tribunal Constitucional. El líder de Junts parece estar optimista.

Este recurso, junto con los demás casos pendientes, no se debatirán hasta después del verano. Sin embargo, antes de eso, el 15 de julio se celebrará la primera vista sobre la amnistía en el Tribunal de Justicia europeo. La decisión no se espera antes de finales de año. La pregunta es: ¿lo que se decida afectará a los ya amnistiados?

Además, el presidente del Tribunal Constitucional, el progresista Cándido Conde-Pumpido, finaliza su mandato en enero. Pero eso no significa que no pueda continuar. Su puesto lo elige el Senado por mayoría de tres quintos, es decir, depende de un acuerdo con el PSOE.

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Puigdemont arremete contra el Supremo por no aplicar la ley de amnistía: "Boicotean las leyes en las que están en desacuerdo"