Sentencia Supremo

El Supremo ejecuta la sentencia a García Ortiz y lo remite a Fiscalía "a los efectos oportunos"

La nueva fiscal general del Estado, Teresa Páramo, será quien decida si expulsa a García Ortiz de la carrera fiscal.

El ex fiscal general Álvaro García Ortiz

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Dos años de inhabilitación como fiscal general del Estado y el pago de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 para el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por daños morales, fue lo que decretó el Tribunal Supremo para Álvaro García Ortiz. Además de comunicárselo a la Fiscalía "a los efectos oportunos".

Ahora, el Supremo ha ordenado la ejecución del auto fechado el 12 de diciembre para que ingrese las cantidades en la cuenta de depósitos y consignaciones. Así mismo expide una "copia de la presente resolución a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, junto con testimonio de la sentencia, a los efectos oportunos".

El 20 de noviembre se adelantó el fallo de la sentencia y cuatro días después, García Ortiz renunció a su cargo. Finalmente fue cesado formalmente el pasado 9 de diciembre. En su lugar ha tomado su relevo, la fiscal experta en la lucha contra la violencia de género, Teresa Páramo.

No obstante, su posible expulsión de la carrera fiscal queda en manos de la Fiscalía y lo tendrá que decidir la nueva fiscal general del Estado. Fuentes fiscales advierten a Europa Press que para ello tendría que solicitar el reingreso ya que permanece en "servicios especiales", es decir, una situación compleja que podría acabar con su expulsión de la carrera fiscal.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) establece en el apartado d) del artículo 46 que la pérdida de la condición fiscal es automática cuando la sentencia es firme y tiene una condena con "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargos público".

De igual forma, el Reglamento del Ministerio Fiscal, en el epígrafe d) del artículo 32, fija como causa para la pérdida de la condición de fiscal la imposición de una condena con "pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público o condena por delito doloso".

Sin embargo la inhabilitación solo influye en su cargo de fiscal general del Estado, ya que señalaron que sería "excesiva su proyección a otros", subrayo el Alto Tribunal en la sentencia. En la misma línea que expresaron que "las consecuencias extraprocesales" de la pena "se mueven".

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