El PP ha corregido la propuesta de resolución que había registrado al informe del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de los partidos políticos de los años 2014 y 2015 para eliminar su petición de que el Ministerio de Hacienda investigue las cuentas de Ciudadanos.
La propuesta inicial había provocado duras críticas de Ciudadanos, que ha cargado contra el PP por querer utilizar a la Hacienda pública para atacarles y ha llamado la atención sobre el hecho de que el departamento que dirige Cristóbal Montoro "nunca tuvo la oportunidad" de investigar los sobresueldos de 'M. Rajoy'.
En la nueva redacción con "corrección de error" -según reconoce el PP- los 'populares' se limitan a pedir al Tribunal de Cuentas que valore si Ciudadanos "cumplió con sus obligaciones tributarias" pero suprime el punto en que reclama que sea la Agencia Tributaria la que abra esa investigación. Según ha explicado la portavoz adjunta del grupo parlamentario Susana López Ares deberá ser el Tribunal de Cuentas quien valore si la documentación y la contabilidad presentada por Ciudadanos "se ajusta o no a la normativa fiscal vigente" dado que -añade- "se trata de un organismo independiente".
En la redacción inicial de la propuesta de resolución, el PP pedía formalmente que la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda investigara las cuentas de Ciudadanos después de que el Tribunal de Cuentas detectara irregularidades en la contabilidad de los grupos institucionales del partido en los ejercicios de 2014 y 2015. Pedía el PP que el Tribunal de Cuentas pusiera a disposición de Hacienda "toda la documentación y el reflejo contable" referente a los gastos de los grupos institucionales de la formación liderada por Albert Rivera.
Los 'populares' se refieren a un importe de 860.444 euros en 2014 en "concepto de servicios de asesoría" prestados por los grupos al partido "sin que disponga de justificación documental del desglose y la naturaleza de dichos servicios". Igualmente, el PP reclamaba que el Tribunal de Cuentas entregara a Hacienda la documentación referida a un importe de 1.166.480 euros en 2015 en concepto de "gastos por disposición de bienes" que, en realidad, "suponen traspasos de fondos de los referidos grupos institucionales al partido".
En ambos casos, añadía, no se ha aportado justificación de dichos servicios "ni la naturaleza de los mismos". La propuesta de resolución que iba a ser debatida y votada en una próxima reunión de la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas, instaba también a la Agencia Tributaria a que investigara si Cs había cumplido con todas las obligaciones fiscales, como el correspondiente pago del IVA por esos supuestos servicios de asesoría.
La nueva redacción mantiene no obstante su solicitud de que el Tribunal de Cuentas explique "a la mayor brevedad posible" teniendo en cuenta los "plazos perentorios de prescripción de las infracciones" los criterios que ha seguido para considerar únicamente como un eventual caso de infracción y no delito algunas de las irregularidades detectadas en esa contabilidad. Pone como ejemplos la no identificación de personas físicas que realizaron donaciones, los pagos efectuados por terceras personas contabilizados como "donaciones en especie de facturas" o la participación a través de sociedades mercantiles en los rendimientos de actividades de carácter mercantil.
También pide al Tribunal de Cuentas que aclare por qué no considera como infracción grave la actuación del partido pese a que el propio tribunal asegura en su informe que sus cuentas "no reflejan adecuadamente la situación financiera y patrimonial al cierre del ejercicio debido a la importancia cuantitativa de la salvedades". Una irregularidad que, para el PP, está contemplada como infracción grave en la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos.
