El exconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Pedro Calvo

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DOS HORAS DE COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ

Pedro Calvo culpa a Ignacio González de su imputación y cree que no hubo irregularidad alguna en la compra de Inassa

Calvo, que fue consejero durante la presidencia en la Comunidad de Madrid de Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido la legalidad de la compra de la empresa colombiana, que costo 73 millones de dólares al Canal de Isabel II, y ha negado sobrecostes en la operativa que se cerró en 2001.

El exconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid Pedro Calvo ha explicado este miércoles ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que no hubo irregularidad alguna en la compra de Inassa por parte del Canal de Isabel II cuando él era presidente del consejo y ha responsabilizado al expresidente madrileño Ignacio González de su imputación.

El político madrileño ha explicado en conversación con los periodistas que durante las dos horas que ha comparecido ante el juez que instruye el caso Lezo ha respondido a las preguntas de todas las partes excepto a la defensa del exmandatario regional, considerado como cabecilla de la red que se investiga por el presunto desvío de fondos públicos de la empresa pública de aguas.

Calvo, que fue consejero durante la presidencia en la Comunidad de Madrid de Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido la legalidad de la compra de la empresa colombiana, que costo 73 millones de dólares al Canal, y ha negado sobrecostes en la operativa que se cerró en 2001 y que según la Fiscalía Anticorrupción se hizo a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal de Panamá provocando un desfalco de cerca de 70 millones de euros.

El que fuera presidente del Canal en el momento se gestó la operación, se ha remitido a lo que dijo en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Asamblea de Madrid el pasado mes de diciembre. En su comparecencia entonces volvió a culpar de su situación procesal a Ignacio González, de quien dijo que era un "supuesto corrupto" que difamaba a todos los exmiembros del consejo en unas conversaciones.

Se refirió entonces al encuentro que mantuvieron González y el exministro Eduardo Zaplana en el que éste presumió de haber tapado el "muerto" heredado por el gobierno de Gallardón y dijo que había comprado por 100 millones "una empresa que no valía ni 30". Al respecto desmintió las palabras del principal acusado en esta trama asegurando que la operativa pasó todos los órganos de control.

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