El caso comenzó a investigarse en dicho juzgado a finales de 2010 y se encuentra bajo secreto de sumario, según han señalado las fuentes judiciales. Por ahora, se ha ordenado la entrada y registro en 14 inmuebles, entre ellos el Ayuntamiento de Casares, la vivienda del exregidor y el despacho de un abogado de Estepona, que también habría sido detenido. En total, se han bloqueado 165 cuentas bancarias, 236 inmuebles y 19 vehículos.
Los detenidos pasarán a disposición judicial en las próximas horas. No obstante, fuentes de la investigación han indicado que no se descarta que se produzcan más arrestos, puesto que la investigación continúa abierta. En esta causa, en la que interviene la Fiscalía Anticorrupción, se investigan posibles delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y contra la Hacienda Pública.
Juan Sánchez abandonó el cargo como regidor de esta localidad malagueña en marzo de 2009 para dedicarse en exclusiva a la gestión de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.
Agentes de la Policía Judicial y la Guardia Civil vestidos de paisano se han personado en el Consistorio y han solicitado a la actual alcaldesa, Antonia Morera, también de IU, "colaboración y diversa documentación relacionada con un proyecto urbanístico", según han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.
Morera ha asegurado que están "muy tranquilos" ante la investigación que se está llevando a cabo y ha manifestado que están colaborando con todo lo que están solicitando los agentes de la Guardia Civil. Ha señalado que ya antes "nos habían pedido documentación y la hemos facilitado; estamos con mucha tranquilidad porque nos están pidiendo documentación y estamos trabajando para que también puedan hacer su trabajo".
La alcaldesa, quien ha tranquilizado a los vecinos y ha afirmado que les dará explicaciones "en cuanto esto acabe", ha añadido que se ha puesto en contacto con los ediles de la oposición para explicarles la situación. Igualmente, ha incidido en que los trabajadores municipales están "muy tranquilos" y que las puertas del Ayuntamiento se han cerrado "para facilitar la labor de los investigadores" del caso.
Desde Izquierda Unida han mostrado su disposición a mantener la "máxima" colaboración en la operación y han recordado que la coalición "siempre ha apostado por que se investigue a fondo cualquier caso y en este caso no podía ser de otra forma", por lo que desde la dirección provincial "se ha instado al equipo de gobierno de Casares a colaborar con la investigación, cosa que ha hecho ahora y en otras ocasiones en las que le ha sido requerida alguna información".
Así, han especificado que "en virtud de lo que arroje la investigación en curso, los extremos y responsabilidades que se deriven de la misma, IU aplicará el código ético de la coalición". Dado que la investigación sigue en curso y "para evitar entorpecer la misma, la dirección provincial quiere ser prudente y no realizar declaraciones que no contribuyan en nada al esclarecimiento total", han afirmado en un comunicado.
