El juez Peinado imputa al delegado del Gobierno en Madrid en la causa de Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación a Begoña Gómez, admite a trámite parcialmente una querella presentada por Vox y ha citado a declarar como investigado al actual delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su posible participación en la contratación de la asistente de la mujer del presidente del Gobierno.

Martín Aguirre está citado a declarar como investigado el próximo 14 de mayo por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo, según consta en el auto al que ha tenido acceso 'Europa Press'.

El juez Peinado se pronuncia sobre la querella presentada por Vox -y que recayó inicialmente en otro juzgado-, y especifica que el actual delegado del Gobierno era en julio de 2021 secretario general de la Presidencia del Gobierno, "siendo el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez", que ejercía como asesora de la esposa de Pedro Sánchez.

"Sí que procede admitir a trámite la querella respecto del querellado Francisco Martín Aguirre, por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez Rodríguez, para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez Fernández, con cargo a los presupuestos generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza pública", concluye el juez.

Sin embargo, el juez no ve indicios de delito en la actuación de Gómez ni de Cristina Álvarez, ambas investigadas en la causa, como sí argumentaba Vox en su querella. En cambio, "no se alcanza a percibir en qué medida la destinataria del nombramiento (...), por desarrollar el trabajo que se le viene encomendando y percibir la cantidad que tiene asignada, pueda tener responsabilidad penal alguna en la presunta malversación (...) lo mismo ha de decirse de la querellada Begoña Gómez Fernández, que sin indicios de participar en el nombramiento, ni en el pago de los emolumentos de Cristina Álvarez Rodríguez, limitándose a hacer uso de sus servicios profesionales, aunque para fines personales, no se alcanza a percibir responsabilidad penal alguna en dichos hechos".

En esta pieza separada declaró en abril y como testigo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que era secretario general de Presidencia del Gobierno cuando se nombró a la asesora en 2018, y al que mencionaron en sus declaraciones la investigada y el exvicesecretario de Presidencia Alfredo González.

Sobre el presunto delito de tráfico de influencias, no ve posible atribuirlo a ninguno de los querellados "al no conocerse quien ha podido llegar a influir, y ejercer su prevalencia moral, o intimidatoria, en la persona que ha decidido realizar el nombramiento" de la asesora de Gómez.

Así como, en lo referido al delito de prevaricación administrativa, el juez también lo rechaza: "no puede entenderse que los hechos denunciados vayan más allá de una irregularidad en el nombramiento, por omitir trámites que obvian o prescinden de los procedimientos reglamentariamente establecidos, pero no que excedan de la infracción administrativa".

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