Un 'indignado' denuncia al Gobierno catalán por el desalojo de la plaza Catalunya

El activista y doctor en Nuevas Tecnologías por la Universidad de Phoenix, Angel Badia, ha presentado este lunes una querella contra el consejero de Interior de la Generalitat, Felip Puig, varios altos mandos de los Mossos d'Esquadra y algunos agentes por las cargas policiales del pasado 27 de mayo en la acampada de la plaza Catalunya de Barcelona.

Badia, que es uno de los indignados acampados en la plaza, considera que fue un ataque "injustificado y desproporcionado" a ciudadanos no violentos.

Pese a que la querella se presenta con carácter individual, recuerda que es una acción "abierta y libre" a la que cualquier otro ciudadano puede adherirse, acudiendo con su DNI una vez se admita a trámite la querella a una comisaría o un juzgado.

El abogado que ha presentado la demanda, Josep Jover, ha explicado que la querella se basa en el procedimiento que, según él, fue equivocado, y se usaron armas no reglamentarias como porras extensibles con bolas de acero. Cree que no puede permitirse todo, y menos a un cuerpo que debe velar por los derechos de las personas.

Sobre el hecho de que los Mossos que participaron en la operación no fueran identificados, Jover considera que no tiene ningún sentido, ya que, más allá de la ley, en un país no violento como España, los agentes no deben esconderse.

Según los querellantes, tanto los agentes que actuaron como sus responsables podrían haber incurrido en delitos de lesiones y torturas y de robo.

Jover asegura que ha utilizado para realizar la querella el material que se entrega en la escuela de policías cuando se habla del uso de la fuerza que, según él, es contrario a la actuación del 27 de mayo, que tuvo un balance de 37 agentes heridos de un total de 121 y dos de ellos trasladados al hospital.

Datos de 30.000 ciudadanos
En la querella se destaca que se produjeron daños en las propiedades privadas de las personas "sin venir a cuento" y que la policía se apropió de datos de carácter personal de más de 30.000 ciudadanos de dentro de los ordenadores requisados, a los que se accedió sin mandamiento judicial.

El activista ha explicado a los medios que la policía les sacó todos los ordenadores, les dieron golpes y los dejaron en un descampado, de donde muchos no han podido recuperarlos. 

Badia, que también forma parte de la comisión de comunicación de la acampada, ha asegurado que el día de las cargas policiales pasó "mucho miedo", aunque no le pegaron y espera que con esta querella se haga justicia.