El Gobierno admite que no cuenta con el apoyo suficiente para rebajar la pena por sedición

Si bien esta semana el Gobierno central ponía sobre la mesa, en mitad de las negociaciones de los Presupuestos Generales, la posibilidad de la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición, este martes el Ejecutivo ha intentado frenar la polémica ante la reacción de los partidos de la oposición.

Lo que fue un acuerdo en la última Mesa del Diálogo, acabar con la judicialización antes de que acabe el año, se ha convertido en "un compromiso personal" de Pedro Sánchez. El presidente lo reconocía este viernes en una rueda de prensa que no pasaba desapercibida y provocaba la oposición del Partido Popular.

Ahora, sin embargo, tras asegurar que trabajarían para igualar las penas con el resto de países europeos, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado en una sesión plenaria que el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios para reformar el Código Penal.

"No se dan las mayorías suficientes para recabar los consensos necesarios", ha subrayado Llop el mismo día que la 'número 2' de los populares, Cuca Gamarra, ha acusado a Sánchez de no tener "ningún tipo de líneas rojas" y de hacer todo lo posible para continuar en el poder, haciendo referencia a las negociaciones del Ejecutivo central con Esquerra Republicana para sacar hacia adelante los PGE.

Podemos pide estudiar qué es el delito de sedición en sí

Por su parte, el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, ha pedido a PSOE y ERC sentarse para decidir qué es el delito de sedición, antes de fijar las penas máximas. Su portavoz, Pablo Echenique, ha tildado de excesivo este delito y ha asegurado que promoverán "su reforma" antes de que acabe esta legislatura.

El resto de los partidos de la oposición, Vox y Ciudadanos, han asegurado que con esto se cede a los independentistas y han subrayado que se le da más alas. Insisten en que una rebaja de la condena animará al independentismo a lanzar "un nuevo desafío" al Estado.