La familia Franco ha anunciado que va a recurrir ante el Tribunal Supremo el acuerdo que el Gobierno adoptó el pasado 15 de febrero para la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, y que además va a pedir su suspensión cautelar hasta que el tribunal resuelva.

Mediante un escrito dirigido al Gobierno, los nietos de Franco reiteran su idea de reubicar, en su caso, el cadáver de su abuelo, en la cripta de la catedral de la Almudena, pese a que el Gobierno rechaza de plano esta posibilidad, y renuncian a ofrecer más alternativas.

Los familiares advierten de que solo señalarán "un lugar alternativo para que se lleve a cabo la reinhumación" en el hipotético caso "de que por parte del Tribunal Supremo se desestimase el recurso contencioso-administrativo que se anuncia contra el acuerdo del Consejo de Ministros".

Entre tanto, su pretensión es que el Supremo adopte medidas cautelares para suspender "en su totalidad" el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero "incluyendo expresamente la suspensión del plazo" de 15 días que les concedió para designar un lugar donde trasladar al dictador. Además, la familia pide al Ejecutivo que "se abstenga" de realizar "actuación alguna tendente a la ejecución del referido acuerdo de exhumación", sin adoptar decisión alguna relativa a una eventual extracción de los restos de Francisco Franco de la Basílica del Valle de los Caídos.

Los nietos apoyan este requerimiento en el auto que el Tribunal Supremo dictó el pasado 17 de diciembre sobre este mismo asunto, y en el cual apuntaba que ningún acuerdo sobre la exhumación podría ejecutarse "sin que previamente los recurrentes hayan podido recurrirlo" y la Sala se hubiera pronunciado.

Todo ello porque el acuerdo del Gobierno estableció que si los familiares no designaban un lugar distinto de la catedral de la Almudena para enterrar a Franco, una vez que se hubieran exhumado sus restos del Valle de los Caídos, sería el propio Ejecutivo quien determinaría el sitio donde serían enterrados nuevamente.

El escrito, firmado por el abogado de la familia Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, trata de hacer frente a esta idea al hacer constar que la decisión de sus representados de no indicar lugar para trasladar a su abuelo "no podrá ser interpretada en modo alguno como silencio o renuncia de sus familiares a designar el lugar de reinhumación" de manera que el Gobierno decida por ellos. Insisten los nietos de Franco en que el acuerdo para el traslado de sus restos es "nulo de pleno derecho por ser claramente contrario a la ley y lesionar gravemente sus derechos fundamentales" mediante una "grave violación" de los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, la libertad religiosa y la intimidad personal y familiar".

Argumentan que no hay precedentes en la historia de España de "ningún cadáver español respecto del cual el Gobierno imponga o condicione un lugar de inhumación a sus familiares". Y a renglón seguido sostienen que son "absolutamente gratuitas y carentes de rigor alguno" las razones con las que el Gobierno pretende justificar esa "insólita e ilegal" privación del derecho de los nietos a "disponer de los restos mortales de su abuelo".