1. LA LETRA PEQUEÑA DEL REFERÉNDUM
Desvelada la fecha (1 de octubre) y la pregunta (¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?), quedan detalles decisivos, como el censo, el periodo de campaña por el 'sí' o el 'no', el plazo entre la convocatoria y la votación, la Sindicatura Electoral que debe supervisarla o una comisión de observadores internacionales que vele por la limpieza del proceso.
Junts pel Sí (JxSí) y la CUP preparan una ley para regular el referéndum, en la que deberán detallarse los pormenores de la cita, sobre la cual, la semana pasada, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, dijo que en pocos días se conocería "prácticamente todo".
2. URNAS Y PAPELETAS
En marzo, el Govern sacó a concurso público la adquisición de papeletas y sobres electorales, teóricamente en previsión de unas futuras elecciones autonómicas en un periodo de cuatro años. Otro paso más en los preparativos de un posible referéndum se dio cuando el 9 de mayo el Govern licitó por 200.000 euros el suministro de urnas, un proceso en el que participan dos empresas proveedoras, Plastic Express y la UTE de Espai World y Suministros Integrales Futbida, y que culminará en un plazo aproximado de dos semanas.
3. BAJO VIGILANCIA DE LA FISCALÍA
Días después de arrancar el proceso de compra de urnas, la Fiscalía se querelló contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y su secretario general, Francesc Esteve, por posible prevaricación, desobediencia y malversación, lo que los convierte en los primeros miembros del actual Govern en esta situación.
La Fiscalía de Cataluña encomendó en abril a la Guardia Civil investigar si el Govern ha iniciado los preparativos para celebrar un referéndum de independencia, pesquisas que se unieron a las que encargó la Audiencia Nacional al instituto armado sobre entidades o empresas que presuntamente colaboran con el proceso independentista.
4. EL DELICADO ESLABÓN DE LOS FUNCIONARIOS
En el mundo soberanista hay ciertas dudas sobre si, llegado el caso, los funcionarios de la Generalitat acatarían las llamadas "leyes de desconexión" que pretenden aprobar JxSí y la CUP y, de hecho, el diputado Lluís Llach ya advirtió en una conferencia de que quienes no las acaten serán "sancionados".
La consellería de Gobernación decidió la semana pasada que no haya funcionarios en la mesa de contratación encargada de escoger las empresas que podrían proveer las urnas, sino altos cargos del departamento que dirige Meritxell Borràs.
5. PRESUPUESTOS BAJO EL ESCRUTINIO DEL TC
El 22 de marzo el Parlament aprobó, con votos de JxSí y la CUP, unos presupuestos de la Generalitat para 2017 que incluyen alusiones al referéndum, aunque dos semanas más tarde el Tribunal Constitucional (TC) suspendió provisionalmente las partidas destinadas a la consulta, contra las que el Gobierno del Estado había presentado un recurso de inconstitucionalidad.
Días después, Puigdemont y sus consellers recibieron el quinto apercibimiento judicial en el que se les informaba de que el TC ha suspendido las disposiciones presupuestarias sobre el referéndum, se les advertía de que no pueden dar pasos siguiendo los artículos suspendidos y se les avisaba de posibles responsabilidades penales.
6. UN AGOSTO "LABORABLE"
JxSí y la CUP impulsan una reforma del reglamento del Parlament que permitirá la aprobación exprés de las llamadas "leyes de desconexión", entre ellas la ley de transitoriedad jurídica, que la mayoría independentista en el Parlament sigue guardando bajo llave y que pretende dar un marco jurídico propio a Cataluña. Esta reforma, además, habilitará el Parlament la segunda quincena de agosto para poder avanzar en los trámites legislativos o incluso convocar un pleno para aprobar la ley del referéndum, pues, según fuentes soberanistas, cobra fuerza la idea de desgajar esa norma de la ley de transitoriedad jurídica.
Una hipótesis que barajan las fuerzas independentistas es que los diputados de JxSí y la CUP aprueben una convocatoria formal del referéndum, aunque el plan A es que sea Puigdemont quien firme el decreto de convocatoria, con el apoyo de todo el Govern. El calendario de los pasos hacia el referéndum está en el aire, una incertidumbre debida a que el Govern desconoce hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado para frenar la votación.
7. LA RESPUESTA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
El Gobierno recurrirá cualquier actuación que "pase del anuncio a los hechos" en el camino de la celebración de este referéndum, según ha destacado hoy el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.
Fuentes soberanistas entienden que el Gobierno podría invocar la ley del Tribunal Constitucional para frenar a la Generalitat, el artículo 155 de la Constitución para retirarle alguna competencia o la ley de Seguridad Nacional para asumir el control de los Mossos. Dependiendo de la "virulencia" de la respuesta del Estado antes de agosto, señalan las fuentes, "no es descartable" que, llegado el caso, se opte por avanzar la votación al simbólico 11 de septiembre.
8. ENGRASAR LA UNIDAD INDEPENDENTISTA
Tras un último encontronazo interno entre los socios del Govern en vísperas de Semana Santa, Puigdemont y el vicepresidente del ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, pactaron crear un mecanismo de coordinación para ir fijando la estrategia hacia el referéndum. Este núcleo duro, en el que participan pesos pesados de PDeCAT y ERC, algún exdirigente de relevancia y entidades soberanistas y cuyo funcionamiento se mantiene en secreto, permite dirimir las tensiones de puertas adentro y evitar que afloren públicamente nuevas fricciones en la fase decisiva del proceso soberanista.
9. EL INCIERTO PAPEL DE LOS COMUNES
Aunque han participado al lado de los independentistas en el Pacto Nacional por el Referéndum en defensa de una vía pactada, las fuerzas que integran Catalunya en Comú, liderada por Ada Colau y Xavier Domènech, ha marcado distancias con la vía unilateral.
El portavoz parlamentario de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, de ICV, ha calificado de "acto publicitario" y "escenificación" del Govern el anuncio del referéndum, en contraste con el líder de Podem, Albano Dante Fachin, que ha afirmado que su partido aún debe decidir su postura sobre la vía unilateral, aunque "no dará la espalda a la voluntad mayoritaria de votar". Los círculos de Podem ya han empezado sus debates internos en todo el territorio catalán para fijar posición ante la eventual convocatoria de un referéndum unilateral, mientras que los comunes también están a la espera de definirse próximamente al respecto.
10. EL BLOQUE CONSTITUCIONALISTA
Tanto la líder de Ciudadanos en Cataluña y de la oposición, Inés Arrimadas, como el del PSC, Miquel Iceta, y el del PPC, Xavier García Albiol, se han posicionado inequívocamente en contra del referéndum que pretende convocar el Govern, al interpretar que se sitúa fuera de la ley y de la Constitución. Ciudadanos y el PPC insisten en apelar al Govern a que convoque ya elecciones autonómicas y no un "referéndum ilegal", mientras que los socialistas, de nuevo con Pedro Sánchez en la secretaría general del PSOE, siguen sugiriendo la vía de la reforma constitucional.
11. ENCAUSADOS EN EL PARLAMENT
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y a los miembros de JxSí -Lluís Corominas, Anna Simó y Ramona Barrufet- y de Catalunya Sí Que Es Pot -Joan Josep Nuet- en la Mesa de la cámara catalana, por haber permitido que el pleno votara el 6 octubre de 2016 dos resoluciones a favor del referéndum independentista.
La causa la instruye Maria Eugènia Alegret, que acordó aunar las dos querellas de la Fiscalía por desobediencia y prevaricación en una sola investigación judicial y declaró compleja la investigación del caso durante un plazo máximo de 18 meses -que no es obligado agotar- desde el inicio de la causa, abierta en octubre de 2016.
12. SOMBRAS DE CORRUPCIÓN SOBRE LA ANTIGUA CDC
El camino hacia el referéndum puede verse sacudido por novedades en procesos judiciales por presunta corrupción que salpican a la antigua CDC, como el caso Palau de la Música, que quedará visto para sentencia el 16 de junio, y cuyos principales acusados han denunciado que el partido se lucró con comisiones de Ferrovial.
En paralelo, la justicia investiga el caso 3%, sobre el presunto cobro de comisiones ilegales de CDC, en el que se ve salpicado el exconseller de Justicia Germà Gordó, que fue estrecho colaborador de Artur Mas y que ha tenido que dejar a regañadientes el PDeCAT y el grupo de JxSí por presiones de su propio partido.
