Montero insiste en que Ferrovial podría enfrentarse a sanciones fiscales por el traslado a Países Bajos

El Gobierno mantiene el pulso con Ferrovial. Después de que la compañía enviase una carta al Ejecutivo en la que afirma que no ve razones económicas de peso para el traslado a Países Bajos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responde. Montero advierte que Ferrovial podría enfrentarse a sanciones fiscales, aunque no ha concretado cuáles. Insiste la titular de Hacienda que la Agencia Tributaria decidirá cuando llegue el momento en cuanto a estas posibles sanciones.

Mientras, el fondo de pensiones del Estado noruego -que dispone de una participación del 1,49% de la compañía- ha decidido votar a favor del traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos en la junta de accionistas que se celebrará el jueves en Madrid. Cabe recordar que al principio anunció que votaría en contra de la fusión inversa por la que Ferrovial sería absorbida por su filial neerlandesa. Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha vuelto a pedir respeto a la decisión de la empresa presidida por Rafael del Pino.

Montero ha destacado en declaraciones a los periodistas en Sevilla que "hay que estudiar la ley" tras ser preguntada por las posibles sanciones a Ferrovial. Ha explicado que cuando no hay razones económicas, "hay determinados elementos fiscales que no se puede aplicar la empresa". En el momento "oportuno", la Agencia Tributaria "verá si las razones que alega la empresa son o no las que corresponden con la legislación vigente".

La Agencia Tributaria -organismo que depende del Ministerio que dirige- valorará una vez que tenga la liquidación "real" del impuesto de Sociedades si hay una razón económica detrás del cambio de sede social. Ferrovial defiende que este cambio se produce para facilitar la cotización en Estados Unidos. Montero señala que lo que defiende la compañía es una "excusa" y que "no existe en la legislación ningún impedimento para que esta empresa pueda cotizar en Estados Unidos".

Junta de accionistas en Madrid

Ferrovial celebra este jueves su Junta en Madrid. La compañía podrá llevar adelante la operación siempre que la cantidad que tenga que pagar a los accionistas que ejerzan el derecho de separación por mostrarse en contra de la operación no exceda los 500 millones de euros. "Esperamos que se produzca con serenidad", anunció el director de comunicación de Ferrovial, Francisco Polo.

Polo aseguró que se van a escuchar y respetar los puntos de vista de todos los accionistas, tanto "de los que se han pronunciado a favor, que son la mayoría, como de los que se han pronunciado en contra, que son la minoría". Parece que la compañía da por hecho su salida de España.

Para Garamendi está "perfectamente claro que se puede hacer" el traslado

El presidente de la Patronal asegura que "está perfectamente claro" que el traslado a Países Bajos "se puede hacer". "Los motivos que Ferrovial ha decidido son los que son, están ahí, y los ha explicado claramente, no una, sino varias veces. Yo creo que hay que tener respeto a lo que la compañía está planteando", apostilla Garamendi.

El Gobierno dice que los accionistas tienen que saber la verdad

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ha remarcado que los accionistas de Ferrovial "tienen todo el derecho a conocer la verdad" y tomar una decisión "informada" en la Junta. Insiste Bolaños en que los accionistas tienen que saber las ventajas e inconvenientes de la decisión que se tome.

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