Más de 650.000 viviendas tendrán entre 70 y 90 años en 2030 en Valencia: "Un edificio no es para siempre"

El tiempo pasa para todos y para todo, también para los edificios. La asociación para la edificación y rehabilitación asegura que, en la próxima década, 658.125 viviendas cumplirán entre 70 y 90 años en la Comunidad Valenciana: "El envejecimiento del parque será tal que podremos tener un problema de vivienda ligado al mantenimiento", explica Sebastian Molinero, secretario general Andimac.

El problema principal, según Molinero, es que algunos inmuebles pueden llegar a un punto de no retorno: "Porque el parque a rehabilitar será mayor que la capacidad de rehabilitación. Hay que tener en cuenta que un edificio no es para siempre, salvo que lo cuidemos debidamente, entonces sí que se alargará en el tiempo". Lo mismo ocurre con el mantenimiento energético: "Hay una directiva Europea, que a partir de 2030, si la vivienda no tiene determinado certificado energético no podrá introducirse en el mercado; y una cosa que no se puede vender vale cero".

En este sentido, insiste en que cada edificio, debe pasar, cuando cumple 50 años, el Informe de Evaluación. Una inspección obligatoria que determina el estado del inmueble y marca la hoja de ruta para conservarlo con el paso del tiempo. Para que se hagan una idea, es una especie de ITV pero para los edificios. "Para hacer una visión global del estado de conservación. Se trata de un documento que recoge información de los distintos aspectos de la construcción, para valorar el estado y las condiciones de accesibilidad", explica Miguel Ángel del Barrio, Arquitecto.

El problema, según el Colegio de Administradores, es que no todos cumplen. "Estamos lejos de cumplir, no llegamos ni siquiera al 50%", asegura Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de la Comunidad Valenciana. Según la Consellería de Vivienda, eludir esta norma acarrea sanciones de hasta 6.000 euros. Una multas que aseguran no se están aplicando en los últimos años, por ahora están lanzando una campaña informativa. Esta demora en las sanciones se debe, explican, a una disposición transitoria. Es decir, en 2018 se pasaron las competencias de seguimiento y registro de los ayuntamientos a la Generalitat, y será a principio de 2025 cuando tengan todos los datos recogidos y puedan comprobar si ya han cumplido con la norma, o por lo contrario aplicarán las sanciones que correspondan.

En general, según los expertos, no existe una concienciación al respecto y faltan políticas de prevención. "La experiencia me dice que las comunidades de vecinos se preocupan cuando algo se rompe, pero intentan evitar un mantenimiento paulatino", añade Miguel Ángel. Por su parte, Molinero insiste: "Los edificios envejecen y tenemos que invertir en ellos".

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