La regulación de la Generalitat llevaría a los VTC a reclamar una indemnización de 1.000 millones

A las puertas del recinto ferial de Madrid, a la vista de todos, así pinchan las ruedas de un VTC. Es una más de las 150 agresiones que -según UNAUTO- han sufrido estos días sus conductores en Madrid y Barcelona. Denuncian que, incluso, también se están produciendo ataques a coches de color oscuro que no son VTC. A la espera de lo que suceda con la huelga de taxistas, ellos mantienen su protesta en las calles de Barcelona: "Tenemos todos el mismo derecho a trabajar, hay trabajo para todos". Y creen que en la Generalitat "están cediendo al chantaje".

Uber y Cabify aseguran que exigirles una hora de precontratación, no estar geolocalizados y no poder esperar a los clientes en la calle supone el fin de su servicio: "Eso es como obligarnos a conducir con los ojos cerrados y el brazo escayolado". Y la consecuencia sería: "Si finalmente las restricciones se imponen nuestro producto no sería viable".

Si se tendrían que marchar de Cataluña, dicen, e irían al paro 3.500 conductores. Además, la Generalitat -dicen- debería indemnizarlos con 1.000 millones de euros: "No me creo que la Generalitat vaya en contra de lo que quiere un millón de sus ciudadanos, que vaya en contra de la creación de empleo".

Cabify ha propuesto a los taxis integrarse en su plataforma junto a los VTCs, algo que ya hace en otros países y que podría empezar a funcionar en España en unos meses.