Los funcionarios exigen tener las mismas subidas de sueldo que los trabajadores del sector privado

El pacto salarial que han firmado la patronal y los los principales sindicatos establece una subida de salarios del 4% para este año y del 3% para 2024 y 2025. El acuerdo ha sido suscrito por CEOE y Cepyme por un lado, y UGT y CCOO por otro, sin intervención del gobierno. El objetivo es que los trabajadores del sector privado acogidos a convenios colectivos no pierdan poder adquisitivo con la inflación. Las condiciones mejoran las revisiones salariales que el gobierno otorgó a los funcionarios. La subida para los trabajadores públicos es de un 2,5% para el 2023 y de un 2% para el próximo año.

Miguel Borra, presidente del CSIF, no se explica que UGT y CCOO negocien mejores condiciones para el sector público que para el privado: "nos llama la atención que son los mismos sindicatos que aceptaron un acuerdo con condiciones mucho peores para los empleados públicos", y reclaman al Gobierno reabrir la negociación: "exigimos a nuestra patronal que no nos trate peor que la patronal privada a los trabajadores de la privada". Desde CSIF calculan que los sueldos públicos se van a revalorizar un 60% más que los privados en los próximos años: "no puede ser que los empleados públicos de este país sigamos perdiendo poder adquisitivo".

Además el CSIF ha registrado una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las cantidades retenidas por el Estado de las pagas extras de los funcionarios desde el año 2010. Fue una medida adoptada hace más de 12 años para recortar el déficit público y que, según el sindicato, reduce de 500 a 1.600 euros anuales los ingresos en el sector público. Miguel Borra considera que es el momento de volver a la normalidad: "en los últimos años, los empleados públicos hemos perdido un 20% de poder adquisitivo y ha llegado el momento de decir basta ya". El recorte, iniciado por el presidente José Luis rodríguez Zapatero y mantenido por los posteriores gobiernos ha supuesto un ingreso de unos 30.000 millones de euros para las arcas públicas. Los funcionarios opinan que ya han contribuido lo suficiente para intentar paliar los efectos de la crisis.

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