Organizaciones a favor y en contra del aborto en Uruguay protagonizaron hoy un cruce de opiniones respecto de si una niña de 11 años que quedó embarazada tras ser violada por un hombre de 41 debe o no llevar adelante su proceso de gestación que ya lleva 15 semanas.
El movimiento en contra del aborto conocido como Pro-Vida, publicó hoy un comunicado en el que rechaza las declaraciones de un grupo de seis ONGs vinculadas a los derechos humanos que se han pronunciado a favor de que la niña aborte. En este sentido los Pro-Vida denuncian "niveles alarmantes de autoritarismo que han adquirido las organizaciones promotoras del aborto" y alegan que la propia niña ha manifestado el deseo de llevar adelante el embarazo.
Además, la menor en cuestión tiene una patología psiquiátrica, lo que ha reforzado más si cabe la polémica en el país sobre quién ha de decidir el futuro del nonato. Lilián Celiberti, coordinadora de Cotidiano Mujer, una de las organizaciones que se han manifestado sobre el asunto, opinó que "una niña de 11 años no puede ser depositaria de una decisión que no vele por su seguridad". Por su parte, la exministra de Salud y presidenta de la Asociación de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, consideró el pasado 8 de mayo los riesgos que implican el embarazo a esa edad. "Una niña de 11 años obviamente tiene un organismo no preparado para estar embarazada, con un útero muy chiquito, además de condiciones biológicas y psicoemocionales que son importantes tener en cuenta", ha considerado Muñiz en declaraciones a la prensa local.
La Justicia determinó la semana pasada el traslado de la menor, que ha permanecido internada en un hospital infantil de Montevideo, a un hogar del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), mientras el aborto depende de una resolución médica que contará con la opinión de la menor y su madre. "Hay una madre que desde hace semanas solicita que se le interrumpa el embarazo a su hija. Hay un sistema burocrático e hipócrita que avala que se continúe vulnerando sus derechos, sin importarle el costo que acarrea para la niña", dice el comunicado firmado por el grupo de seis organizaciones sociales.
El texto sugiere que la situación ya era conocida por las autoridades antes de que caducara el plazo de las 12 primeras semanas de gestación en las que se permite el aborto en Uruguay y que se extiende a 14 en casos de violación. "Desde Cotidiano Mujer, Mujeres en el Horno, Mujer Ahora, CNS Mujeres, CLADEM y Ovejas Negras exigimos la inmediata interrupción del embarazo de la niña de 11 años dentro del marco legal para proteger su salud y sus derechos", concluye la petición. En el caso de que prospere el embarazo, el INAU deberá hacerse cargo de la menor y su bebé. El hombre de 41 años fue procesado con prisión "como autor de un delito continuado de violación" y el auto judicial indicó además que se realizaría una prueba de ADN sobre la niña para establecer si el hijo que gesta es del encausado.
