El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, consideró que la ley de Seguridad Ciudadana promovida por el Gobierno español es "altamente problemática" y expresó su preocupación por la proporcionalidad de las multas propuestas.
"Creo que (esta ley) es altamente problemática y, si va más allá, lo trataré con las autoridades españolas", declaró Muiznieks.
El anteproyecto de ley presentado inicialmente por el Gobierno preveía, entre otras cosas, multar con hasta 600.000 euros concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso cuando perturben la seguridad ciudadana, si bien esta sanción se ha reducido finalmente a un máximo de 30.000 euros.
Ve difícil que los ciudadanos puedan saber cuándo están incumpliendo la ley
En este sentido, Muiznieks dijo que está "muy preocupado por las altas multas propuestas". "Quiero que alguien me convenza de que 600.000 euros por ofensas muy serias es una multa proporcionada", afirmó.
El comisario expresó su preocupación por la interpretación que los jueces hagan de términos recogidos en la ley como "ofensas a España" o "poner en peligro la seguridad ciudadana".
Hay que ver "hasta qué punto están claros los conceptos y si la gente puede predecir cuándo no está incumpliendo la ley, y hasta qué punto existe el riesgo de que haya una interpretación arbitraria", agregó.
Por su parte, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha exigido a Muiznieks que "respete al Gobierno, al Congreso de los Diputados y a España".
Ha insistido en que la futura ley es necesaria porque, entre otras cosas, han aparecido conductas que no estaban recogidas en la vigente y porque debe adaptarse a la doctrina de los altos tribunales, que han definido "muy claramente" los fines y principios a los que deben acogerse las fuerzas de seguridad sin invadir los derechos fundamentales
Muiznieks destacó también que las disposiciones que prohíben el registro de imágenes o datos personales de los policías durante las manifestaciones afecta directamente a la rendición de cuentas por parte de los agentes en caso de mala actuación por su parte.
