Una persona no es una IP, una IP no es una persona

La razón principal, que detrás de una IP puede haber gente distinta de la persona que firmó el contrato. En los Estados Unidos, las productoras, editoras y discográficas han encontrado una nueva forma de sacar rentabilidad a las copias no autorizadas de su material con derechos de autor que circulan por la red: mediante demandas colectivas.

Hasta el momento han denunciado a los contratantes de líneas de Internet desde las que se haya subido o compartido material protegido, en grupos bastante amplios, a los que se les condena a multas no muy elevadas que garantizan ciertos ingresos a las compañías.

Pero este procedimiento podría acabar si la nueva sentencia es aceptada entre los magistrados estadounidenses. Afirma que este sistema no es válido porque una IP no se corresponde con una persona, por lo que una sentencia contra el que paga las facturas por un uso inadecuado de otra persona daría lugar a una condena injusta.

Es el argumento utilizado por el juez Harold Baker para no autorizar a un grupo de distribuidores de la industria pornográfica a conocer quiénes son las personas que están detrás de unas direcciones IP determinadas. En su alegato, el magistrado enumera una serie de culpables anónimos potenciales que podrían haber hecho el uso ilegal de la red en lugar de los acusados.

TorrentFreak recoge su descripción:

"El que infringe puede ser el contratante, alguien que viva en la casa del contratante, un visitante con su portátil, un vecino o alguien aparcado en la calle en un momento dado".

Una sentencia basada en errores previo
Para defender su argumentación, el juez Baker ha recordado diversos casos en los que la persona errónea había sido detenida por el mero hecho de ser el titular de la conexión a Internet, pero más tarde habían demostrado su inocencia.

A finales de abril la agencia AP recogió tres casos de este tipo muy semejantes. Tres hombres arrestados bajo la acusación de descarga de pornografía infantil. En efecto, a través de sus conexiones se había accedido a contenido ilegal; sin embargo, los responsables no habían sido en ninguno de los casos los acusados, sino vecinos que estaban utilizando su red a través de una conexión WiFi.

Se trata de casos en los que los auténticos responsables de los delitos aprovecharon esta debilidad del sistema y la facilidad para penetrar en redes con seguridad estándar para descargar la pornografía.

Teniendo en cuenta las infraestructuras actuales, el número de conexiones existentes y el conocimiento medio de seguridad de los suscriptores de líneas de Internet, la decisión del juez permite descansar tranquilos a millones de usuarios que podrían ser detenidos por delitos que ni siquiera saben de donde provienen.

Las compañías que reclaman dinero por copyright pueden quedarse sin otra de sus fuentes de ingreso a medida que su contenido continúa circulando por la red. Al menos si el resto de juzgados de los países con legislación semejante toman en consideración los argumentos de este magistrado, preocupado por hacer justicia con todas las partes.