Alberto Rodríguez
El Congreso solicita al Tribunal Supremo una aclaración sobre la inhabilitación de Alberto Rodríguez
La Mesa del Congreso ha acordado hoy solicitar al Tribunal Supremo una aclaración sobre la sentencia contra el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez.
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La Mesa del Congreso ha acordado hoy solicitar al Tribunal Supremo una aclaración sobre la sentencia contra el diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Así se ha acordado por mayoría de 5 a 3 en reunión extraordinaria.
No obstante, esta aclaración se llevará a cabo "sin perjuicio de la competencia de la presidenta del Congreso", Meritxell Batet, para dar respuesta al requerimiento que remitió ayer el Alto Tribunal sobre el inicio de la pena.
Debate en la Mesa
A pesar de la condena, la Mesa del Congreso consideró mantener el acta del diputado de Rodríguez, después de haber abonado la multa de 540 euros que le impuso el Supremo. Sobre esta cuestión, el vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados, Ignacio Gil Lázaro, ha dejado claro que lo que debe hacerse es inhabilitar al político.
"Es el órgano sentenciador el que condena a un ciudadano que es diputado a una pena accesoria de inhabilitación. Nuestra posición es clara, la sentencia no admite duda y la ejecución, tampoco".
Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros ha matizado que "el partido se ha jugado sobre el terreno de juego, lo que se haya decidido después en los despachos es otra cosa".
Asimismo, el diputado de Podemos, Gerardo Pisarello, ha defendido que la sentencia no implica la pérdida del escaño, sólo la "suspensión de sufragio pasivo", es decir, la imposibilidad de volver a ser elegido en un futuro.
El PP reclama que se le retire el escaño
A principios de esta semana, el Partido Popular envió un escrito a la Mesa del Congreso en el que solicitaba que se hiciera "efectiva" la condena del diputado de Unidas Podemos y se le retirase su escaño.
Condenado por un delito contra la autoridad
La Sala de lo Penal condenó a un mes y medio de prisión a Rodríguez por un delito de atentado contra la autoridad, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, tras agredir a un policía en una manifestación en 2014.
Tras el fallo, Rodríguez hizo una primera valoración en la que aseguró que "si hubiera robado 5 millones, ahora estaría absuelto".
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