El vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugeni Gay, asegura en la carta de renuncia que presentó el pasado 8 de junio al presidente de la institución, Pascual Sala, que "tenía la sensación de formar parte de un tribunal secuestrado".
En la misiva, de cinco folios, Gay señala que el retraso en la renovación de su plaza y la de los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado constituye "una grave disfunción" que atribuye al "manifiesto incumplimiento por parte del Senado de su ineludible obligación" de llevar a cabo el nombramiento de los nuevos representantes.
El magistrado, nombrado a propuesta del PSOE, asegura a Sala que él sabe "cuántas veces de manera infructuosa" insistió durante el mandato de la anterior presidenta, María Emilia Casas, en la necesidad de que el tribunal se dirigiera al presidente del Senado, Javier Rojo, y a los "responsables de los partidos políticos mayoritarios en las personas de sus secretarios generales para que dieran cumplimiento al mandato constitucional".
"La situación en la que nos encontrábamos y los temas sobre los que debíamos deliberar y fallar exigían el escricto y escrupuloso cumplimiento del respeto al principio del juez predeterminado por la ley, en este caso por la propia Constitución", afirma.
"Legitimación plena" para resolver el Estatut
Tras recordar que los representantes de la Generalitat y el Parlamento de Cataluña denunciaron esta situación durante la tramitación del recurso sobre el Estatut, Gay asegura que su "convencimiento moral estuvo siempre de acuerdo con lo que solicitaban las partes".
No obstante, añade que la "legitimación del TC fue "plena y nadie la puede cuestionar" y que, "en modo alguno nadie puede rechazar, como entonces hicieron algunos medios de comunicación y otros han repetido ahora, que la no dimisión de los magistrados cuyo mandato había finalizado desde hacía más de dos años fuera la causa de la situación creada". Según indica, las decisiones del tribunal estuvieron "siempre presididas por un debate jurídico en el que cada uno expuso con libertad de criterios su parecer jurídico, contrastado colegiadamente".
De igual modo, señala que la duración del mandato de los nuevos magistrados se ha visto "incomprensible e inaceptablemente reducida" y que el retraso de las designaciones se ha realizado "contraviniendo la Constitución". "Tres años y un mes no es tardanza en el nombramiento, es consumir algo más que el periodo constitucionalmente previsto para las renovaciones por tercios del tribunal", dice.
Gay también detalla que anunció 'in voce' su intención de presentar su renuncia en la semana del 15 al 18 de noviembre, en el primer Pleno después de la finalización de su mandato. "Se me pidió expresamente que pensara en las consecuencias que podía desencadenar hacerlo cuando no lo habían hecho otros compañeros que hacía tres años que habían finalizado su mandato y que, además, debía esperar porque había fundadas esperanzas de que en pocos días iban a renovar los dos tercios de magistrados que habíamos finalizado nuestro mandato", apunta.
En esta situación y tras recalcar que, a su juicio, es "imprescindible" el "respeto a la Constitución como norma suprema de la que dimanan todos los poderes del Estado", Gay expresa su voluntad de ser sustituido en sus funciones tras haber "expirado" el plazo de su nombramiento.
"La Constitución debe cumplirse"
Por su parte, los magistrados Elisa Pérez Vera y Javier Delgado ponen de manifiesto en sus escritos de renuncia, fechados este lunes, la importancia de que se cumplan los plazos que establece la Constitución para la renovación del TC.
Mientras Delgado destaca que "las cosas salen mejor cuando se cumple la Constitución y peor cuando no se cumple", Pérez Vera alega que el diseño del alto tribunal establecido en la Carta Magna, en el que se incluye como periódo máximo de mandato, un plazo de nueve años, "no puede alterarse sin desvirtuar la voluntad del poder constituyente".
Ambos magistrados destacan que su periodo de mandato "se ha cumplido sobradamente" y concretan que, de hecho, se ha sobrepasado en más de seis meses la expiración de sus nombramientos, que cumplieron el 8 de noviembre de 2010.
Pérez Vera concreta, además, que hasta el momento "ha ejercido con total entrega la alta función encomendada" y añade que a las razones institucionales ya mencionadas se unen en su caso "poderosos motivos personales en los que no procede entrar".
