Policía durante el referéndum del 1-O

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cinco agentes de la Guardia Civil han sido citados como investigados

Los juzgados catalanes investigan al menos 319 denuncias por lesiones durante las cargas policiales del 1-O

Tres meses después del referéndum ilegal de independencia, 41 juzgados catalanes mantienen causas abiertas para investigar la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el 1-O. Paralelamente, en Cataluña están en curso otras 14 investigaciones judiciales por denuncias presentadas por particulares por la inacción de los Mossos d'Esquadra.

Los juzgados catalanes investigan al menos 319 denuncias por lesiones durante las cargas policiales del 1-O, por las que cinco agentes de la Guardia Civil ya han sido citados como investigados por un juzgado de Amposta (Barcelona), y otras 14 por presunta pasividad de los Mossos ante la consulta.

Según han informado fuentes jurídicas, casi tres meses después del referéndum de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional, un total de 41 juzgados catalanes mantienen causas abiertas para investigar la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil para impedir el 1-O, que según el balance de la Generalitat provocó presuntamente un millar de heridos. Paralelamente, en Cataluña están en curso otras 14 investigaciones judiciales por denuncias presentadas por particulares por la inacción de los Mossos d'Esquadra el 1-O, que se suman a las que instruyen la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por el papel de la policía catalana ante el referéndum.

El titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que investiga las cargas policiales en la capital catalana, es el que acumula más denuncias por lesiones, con un total de 257 de las 319 presentadas en toda Cataluña. El juez de Barcelona desestimó la pretensión de la Fiscalía de archivar los casos de todos los heridos que no hubieran denunciado y acordó ponerse en contacto con todos los lesionados, directamente o a través de la policía, para ofrecerles la posibilidad de emprender acciones legales por las cargas.

De esa forma, ya cuenta con 257 denuncias de afectados por la actuación policial contra el referéndum, una treintena más de las que había recibido al inicio del procedimiento. Asimismo, el juzgado de instrucción número 4 de Amposta (Tarragona) ha abierto 99 por delitos de lesiones en las cargas policiales del 1-O, de las que 97 están archivadas, y ha citado a declarar como investigados a cinco agentes de la Guardia Civil, en la primera imputación que se acuerda en Cataluña por la actuación de las fuerzas de seguridad contra el referéndum.

Otras causas por lesiones en las cargas policiales se han abierto en juzgados de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) -que las ha archivado por falta de autor conocido-, Mataró, Rubí, Manresa, Gavà (Barcelona), Tarragona, Lleida y las localidades gerundenses de Sant Feliu de Guíxols y La Bisbal d'Empordà. La actitud de activistas contra las fuerzas de seguridad que trataban de impedir el 1-O y su presunta implicación en los cortes de carretera de las huelgas generales posteriores a la consulta también ha dado pie a siete causas judiciales por delitos de desobediencia, lesiones o desórdenes públicos y han motivado la imputación de más de 60 activistas independentistas.

Además, diez juzgados investigan a la Generalitat por un posible delito de revelación de secretos por el uso de datos personales para la celebración de la votación y otros dos instruyen causas contra cuatro alcaldes por su intervención a favor del 1-O. A este balance de causas abiertas en Cataluña por el referéndum se suma la investigación que dirige desde el pasado mes de febrero el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que mantiene imputadas a una veintena de personas, entre ellas exaltos cargos de la Generalitat, por los preparativos de la consulta.

Paralelamente, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo (TS) siguen con sus procedimientos contra el Govern cesado, la Mesa del Parlament y los líderes de las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural, por delitos de rebelión y/o sedición al promover la hoja de ruta unilateral a la independencia.

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