Marta Rovira

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SEGÚN FUENTES JURÍDICAS

El juez Llarena dicta orden de detención internacional para Rovira y reactiva las del resto de huidos

El magistrado del Supremo reactiva las euroórdenes y las órdenes de detención internacional que la Audiencia Nacional dictó contra Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret y dicta una para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que no haya acudido a la citación judicial.

El magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el 'procés', Pablo Llarena, ha dictado orden de detención internacional para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que esta no haya acudido a la citación judicial de este viernes y ha reactivado las órdenes de detención para el resto de huidos, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

El juez que instruye la causa del 'procés' adopta esta medida tras haberlo solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido Vox en la vistilla celebrada esta mañana.

La número 'dos' de ERC estaba citada a las 10.30 horas junto con el excandidato a la Presidencia de CataluñaJordi Turull, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los tres exconsejeros Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, para quienes el juez ha acordado su ingreso en prisión por riesgo de fuga y reiteración delictiva.

No obstante, la dirigente independentista ha comunicado por carta su intención de no acudir y partir al "exilio". Adopta esta medida igualmente para la exportavoz de la CUP en el Parlamento catalán, Anna Gabriel, quien no acudió a su citación judicial del pasado 21 de febrero huyendo a Suiza, país donde se encuentra en la actualidad y en el que no rigen las euroórdenes.

Por otro lado, el juez reactiva las euroórdenes y las órdenes de detención internacional que había dictado la Audiencia Nacional contra Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, que huyeron a Bélgica a finales del pasado mes de octubre.

Llarena las había desactivado poco después de asumir la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, al considerar que existía riesgo de que fueran extraditados por delitos mucho menores.

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