El empresario Javier de la Rosa no ha ratificado ante una juez de Madrid su denuncia por amenazas y coacciones contra el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, por haber filtrado a la prensa datos sobre las supuestas cuentas en el extranjero de las familias Mas y Pujol.
Tras la declaración, el abogado de Pujol, José Antonio Choclán, indicó a los periodistas que el empresario había dicho ahora que no sabe si Jordi Pujol o el presidente de la Generalitat, Artur Mas, o sus familias tienen cuentas en Suiza o no, y que no es cierto que las abrieran delante de él. Al término de su declaración, De la Rosa se ha limitado a indicar a los medios de comunicación que no se había ratificado en la denuncia, tras prestar declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Coro Cillán.
Choclán ha explicado que Javier de la Rosa ha negado el contenido de la denuncia que presentó el 29 de diciembre de 2012 ante el comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) por amenazas y coacciones. En la denuncia ante la UDEF, Javier de la Rosa afirmó que, a partir de determinadas informaciones aparecidas en el diario El Mundo, había sido acusado por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol de haber sido él el que había filtrado a dicho diario la información que versaba sobre determinados movimientos financieros irregulares de la familia Pujol, así como de determinadas personas de la familia Mas.
También manifestó a la UDEF que el propio Pujol lo había amenazado con ser acusado por la Fiscalía de Barcelona de calumnias e injurias y le había advertido de que tan solo se podría salvar de esta acusación si declaraba que había sido presionado por el PP para facilitar los datos que la prensa había publicado. Asimismo, Javier de la Rosa dijo ante la UDEF que, con motivo de un viaje a Madrid para consultar con sus abogados, había sido seguido durante su estancia en esta ciudad por un individuo, que llegó incluso a intimidarle con su presencia durante la comida en un restaurante de la capital, por lo que solicitó protección policial.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz derivó este asunto a los Juzgados de Plaza de Castilla por entender que no era de su competencia porque no quedaba clara "la comisión de actos que supongan la consumación de una actividad delictiva" fuera de España. La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid se declaró competente para investigar estos hechos, sin perjuicio de que una vez concretados puedan ser remitidos a otro órgano judicial.
