Demasiados frentes abiertos para el Gobierno de Mariano Rajoy

La revisión de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios será una de las primeras decisiones que tendrá que abordar el Gobierno del PP, que, además de recibir en herencia una crisis económica sin parangón, deberá hacer frente a multitud de asuntos pendientes. Ante la falta de Presupuestos para 2012, antes de fin de año debe aprobar un decreto para, entre otras cuestiones, actualizar las pensiones y el sueldo de los funcionarios.

Para que entren en vigor el 1 de enero, hay que revisar también las tarifas de la electricidad, el gas natural, Renfe y el transporte de viajeros por carretera.

El objetivo de Rajoy es aprobar en marzo unos nuevos presupuestos que recogerían los ajustes necesarios para cerrar 2012 con el déficit comprometido del 4,4% del PIB. Se desvelará para entonces si, por ejemplo, subirá el IVA.

El nuevo Gobierno deberá gestionar el fin de la violencia terrorista después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada. Quedan así en manos de Rajoy, por ejemplo, eventuales cambios en la política penitenciaria, como el reagrupamiento de los presos etarras en las cárceles vascas o la excarcelación de reclusos enfermos, históricas reivindicaciones del mundo próximo a la banda terrorista.

La agenda de Defensa contará con frentes abiertos como la retirada de las tropas españolas de Afganistán, que según los planes de la ministra en funciones, Carme Chacón, comenzará en enero.

El Ejecutivo entrante se encontrará sobre la mesa el decreto de desarrollo de la denominada "ley Sinde" y tendrá que decidir si detalla la aplicación de la norma destinada a controlar las descargas en Internet.

El Gobierno de Zapatero no acordó el emplazamiento definitivo del Almacén de Temporal Centralizado de residuos nucleares (ATC). El informe de la comisión encargada de estudiar las candidaturas concedió a Zarra (Valencia) la mayor puntuación técnica, seguida de Ascó (Tarragona), pero el Ejecutivo fue posponiendo la decisión al no alcanzar acuerdos con las comunidades autónomas.

Rajoy se enfrentará a la reivindicación de la Generalitat de Cataluña para que el Estado le transfiera los 759 millones de euros correspondientes a la Disposición Adicional Tercera del Estatut, sobre inversiones del Estado en infraestructuras en Cataluña. Según la Generalitat, había un compromiso formal del Gobierno para hacer efectivo el pago antes de fin de año y de él depende en buena medida el déficit que presente la comunidad autónoma.

El PP se encontrará sobre la mesa de Moncloa el informe de la comisión de expertos que estudió el futuro del Valle de los Caídos y que recomendó que los restos de Francisco Franco sean trasladados. El PSOE ha pedido a los populares que no se limiten a guardar el informe en un cajón, aunque éstos han avanzado que no tienen intención de abrir debates que dividan a la sociedad.