El Gobierno reformará la ley para que sean los jueces y los magistrados los que elijan directamente a los miembros del Consejo General del Poder Judicial y volver así a la legislación previa a 1985, según ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
"En el Consejo General del Poder Judicial tenemos la intención de que los jueces y magistrados nombrados lo sean también por jueces y magistrados", ha explicado Sáenz de Santamaría al final de su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso, confirmando así una medida que el PP ya llevaba en su programa electoral.
Asimismo ha recordado, en su réplica a los grupos parlamentarios, que el Gobierno apuesta por una reforma de los nombramientos en el Tribunal Constitucional, de forma que no estén vinculados a las mayorías parlamentarias en cada caso.
Renovación en el Tribunal Constitucional
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha comprometido del mismo modo a que el Ejecutivo ampliará los contactos con los grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo sobre la renovación del Tribunal Constitucional "a la mayor brevedad posible".
En su intervención ante la Comisión Constitucional del Congreso, Sáenz de Santamaría ha confirmado que se han reiniciado los contactos y ha admitido que la renovación del tribunal es "imprescindible a corto plazo".
También ha reconocido que son urgentes otros nombramientos que se tienen que consensuar en instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de RTVE pero que están pendientes desde hace tiempo, lo que "no es ejemplar", y ha asumido la parte de responsabilidad que le toca al PP en este caso.
El reto, recuperar "por completo" su prestigio
Al hablar del Tribunal Constitucional, ha subrayado que el reto del Gobierno es que se recupere "por completo" su prestigio, "deteriorado" en los últimos años, y que se devuelva "la centralidad a su primigenia función", la de velar por la constitucionalidad del ordenamiento jurídico.
Ha recordado que la intención del Gobierno es una reforma, que remitirá a las Cortes en una Ley Orgánica, en la que, por un lado, se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía.
Y por otra parte, en la reforma se redefinirá el recurso de amparo, "para evitar que convierta en una instancia jurisdiccional más", y para que cumpla su objetivo original de proteger "rápida y efectivamente los derechos fundamentales de los españoles".
Soraya Sáenz de Santamaría ha insistido en que la renovación del Constitucional es imprescindible a corto plazo, lo que no impedirá, ha añadido, que el Gobierno busque "nuevas fórmulas" para el nombramiento de sus miembros, que aporten "una mayor estabilidad" a la institución y que la hagan menos dependiente de las coyunturas parlamentarias.
