El Govern ha asegurado que garantizará el derecho a protestar contra el Consejo de Ministros en Barcelona el 21D, una reunión que la Generalitat ve como una "provocación" porque aquel día se cumplirá un año de las elecciones catalanas, "sin avances en el diálogo y con presos y procesados". Así se ha expresado la consellera de la Presidencia y portavoz, Elsa Artadi, tras la reunión semanal del Govern, en la que se ha acordado una declaración institucional de "solidaridad" con los presos soberanistas en huelga de hambre, que es, ha dicho, "una de las formas de protesta más dura, digna y valiente que ofrece la no violencia".
El ejecutivo ha querido así apoyar a Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull en las vísperas del 40 aniversario de la Constitución, de cuyos actos se ha desmarcado el presidente catalán, Quim Torra. El jefe del gobierno catalán, de hecho, se desplazará a Eslovenia para pronunciar en Ljubljana el día 6 una conferencia titulada "Cataluña, de la jaula constitucional española a la libertad".
La distancia entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el ejecutivo catalán de Torra persiste, sin alteraciones en la relación tras los resultados de las elecciones andaluzas. Artadi ha dejado claro que no ha habido comunicación en los últimos días entre gobiernos, pero en todo caso ha reiterado el rechazo a una reunión entre Sánchez y Torra el 21 de diciembre, aprovechando el Consejo de Ministros en Barcelona, porque el Govern, ha remarcado, solo quiere celebrar un encuentro si es de trabajo y descarta una cita de carácter protocolario.
Además, la consellera ha subrayado que la Generalitat ve "un punto de provocación" en celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona precisamente el 21 de diciembre, un año después de las elecciones convocadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy en aplicación del artículo 155 de la Constitución. En los últimos meses, ha dicho, "no se ha avanzado en nada" porque el Gobierno no ha dado "ningún paso" para solucionar el conflicto catalán, y además el juez del Supremo Pablo Llarena ha "intervenido" en debates de investidura fallidos, mientras una parte de los diputados independentistas son investigados y varios no pueden asistir a los plenos por estar en prisión o en el extranjero.
En este contexto, y tras aclarar que el Govern no convoca manifestaciones, Artadi ha enfatizado que sí van a respetar "el derecho a manifestarse con libertad" y que van a garantizar igualmente "la seguridad de todo el mundo".
Tras el resultado de las elecciones en Andalucía, Artadi ha acusado a la presidenta andaluza en funciones, Susana Díaz, de ser "muy mal perdedora", al sugerir que se equivocó al no hablar más de Cataluña en campaña. Y ha defendido establecer un "cordón sanitario" contra Vox, como ha ocurrido en otros países de la Unión Europea frente al auge de la extrema derecha, en lugar de intentar aislar al independentismo.
Por otro lado, Torra ha presentado una querella por injurias y calumnias contra el líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, por llamarle "racista y golpista" y acusarle falsamente de insultar a los andaluces asegurando que tienen "un gen menos que los catalanes".
En el Parlament, la comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155, que ha abandonado el grupo PSC-Units por considerarla una "herramienta de propaganda", ha aprobado las comparecencias del actual presidente del Gobierno y del anterior, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, así como de la mayoría de procesados independentistas, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
La anterior presidenta de la cámara catalana, Carme Forcadell, que sigue en prisión preventiva, ha sido condecorada por el Govern con la Medalla de Oro de la Generalitat, junto con el expresidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, el jurista Carles Viver Pi-Sunyer.
