El coronavirus coloca en estado de alarma al primer Gobierno de coalición de la izquierda

El primer Gobierno de coalición de la historia reciente de España cumple 100 días, que en el ámbito económico se saldan con el inicio de una recesión sobrevenida por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, que ha trastocado los planes del ejecutivo para esta legislatura. Incluso ha tenido a varios afectados y confinados. La necesidad de hacer frente al impacto económico que está teniendo la lucha contra el coronavirus ha llevado al Gobierno a una espiral de medidas para tratar de mantener el empleo y el tejido productivo, algunas de las cuales se van ampliando o enmendando sobre la marcha. Esta situación ha sacado a relucir también diferencias dentro de la coalición en torno a la forma y los tiempos de algunas iniciativas económicas, como ha ocurrido con las ayudas al alquiler o con la implantación de una renta mínima.

Los primeros problemas

El Gobierno, sin mayoría suficiente, trató de asegurársela atrayendo a los independentistas catalanes. Pedro Sánchez visitó al president Quim Torra en Barcelona y la mesa de diálogo sobre Cataluña echó a andar en Moncloa. El "muchas voces, un solo Gobierno" fue otro indicio de las dificultades para mantener una única iniciativa política cuando convivían el el ejecutivo dos partidos con ambición de seducir a los votantes de la izquierda. La ministra de Igualdad, Irene Montero, presentó el proyecto de ley de libertad sexual tras librarse la primera batalla pública del Ejecutivo, con reproches que incluyeron al vicepresidente Pablo Iglesias acusando veladamente de machista al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. La prisa era para llegar a tiempo con el proyecto a las manifestaciones del 8M, Día Internacional de la Mujer. Primera también de las polémicas relacionadas ya con el retaso o no de medidas para cortas la expansión del coronavirus. Poco después, una semana, Sánchez pronunciaría esta frase: "Para combatir esta emergencia de salud pública, haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta". Lo que sucedió después es el tsunami del COVID-19 en el que vivimos: una avalancha de comparecencias, cifras, fallecidos, de colapso sanitario, falta de material, confinamiento indefinido y una previsión del FMI de que la economía española caerá este año un 8 por ciento y el paro se disparará al 21 por ciento por el virus.

La nueva agenda

La gestión urgente de la pandemia, llena de improvisaciones, ha dejado la gestión política en una sola iniciativa: "Propongo un gran acuerdo para la reconstrucción económica y social de España", ha pedido el jefe del ejecutivo reiteradamente, aludiendo a los históricos pactos de la Moncloa de 1977. Una idea que no tenían muy clara en Unidas Podemos y menos en la oposición, que pensó en que era una maniobra de distracción o un intento de anularlos con pactos. La propuesta ha quedado en una comisión parlamentaria, a instancias del PP, que todavía está por definir.

La puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) era uno de los puntos destacados del acuerdo para la coalición que el Gobierno tenía la intención de implantar de manera progresiva a lo largo de la legislatura, pero cuyo diseño se ha acelerado con el objetivo de frenar situaciones de pobreza y exclusión social derivadas de esta crisis. El Ejecutivo planea aprobar en la segunda quincena de mayo esta ayuda, que será compatible con las rentas mínimas de inserción autonómicas hasta un tope y que tendrá en cuenta por primera vez la riqueza de los hogares y no solo los ingresos personales o familiares. También ha motivado recelos entre Pablo Iglesias y los ministros socialistas.

Sin presupuestos

Frente a la urgencia para implantar la renta mínima, los presupuestos para 2020 han quedado definitivamente aparcados, una promesa electoral que ya se antojaba difícil antes de la crisis del coronavirus puesto que ERC no garantizaba su apoyo tras el anuncio de elecciones anticipadas en Cataluña. Ante esta eventualidad el Gobierno aprobó en febrero el techo de gasto no solo para 2020, sino también para 2021, con un incremento del 3 %, hasta 131.437 millones de euros, que ahora se antojan insuficientes para la reconstrucción social y económica que el presidente Pedro Sánchez está proponiendo a los partidos políticos, los agentes sociales y las administraciones territoriales.

Las subidas de impuestos de antes del estado de alarma

Está por ver si se mantiene lo acordado por PSOE y Podemos en el pacto de coalición, que pasaba por subir 2 puntos (al 47 %) del IRPF para rentas de más de 130.000 euros y 4 puntos (al 49 %) a las de más de 300.000, así como un alza de 4 puntos (al 27 %) a las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros anuales. También recogía el establecimiento de un tipo mínimo del 15 % en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas y del 18 % para la banca y empresas de hidrocarburos, la rebaja del tipo al 23 % para empresas con facturación inferior a 1 millón de euros y la reducción del 100 al 95 % de la exención sobre dividendos y plusvalías por la participación en otras sociedades.

Entre tanto, el Consejo de Ministros aprobó a mediados de febrero los proyectos de ley para la creación de nuevos impuestos a las transacciones financieras y a determinados servicios digitales para retomar su tramitación en el Parlamento, dos nuevas figuras tributarias con las que el Gobierno preveía recaudar 1.818 millones de euros anuales. En el ámbito laboral el principal hito de estos primeros 100 días ha sido el acuerdo alcanzado a finales de enero con los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional a 950 euros brutos mensuales en 2020, un pacto al que se avino la patronal ante el temor de que el alza pudiera ser mayor si se quedaba fuera.

Para entonces el Ejecutivo ya había aprobado por decreto ley la subida de las pensiones del 0,9 % prometida en campaña electoral por Sánchez y la subida del 2 % del salario de los empleados públicos, en cumplimiento del acuerdo que el Gobierno de Mariano Rajoy firmó con los sindicatos del sector público en marzo de 2018. En la agenda del Gobierno también estaba derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP de 2012, aunque solo ha dado tiempo a eliminar la parte del artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores que permitía el despido por absentismo. Este asunto generó cierta polémica con la patronal, al no haberse negociado con los agentes sociales la desaparición de un tipo de despido que existe en el Estatuto de los Trabajadores desde que se redactó en 1980, si bien la reforma laboral del PSOE de 2010 facilitó su uso y la del PP, en 2012, lo hizo aún más sencillo.