Choque por la Ley de Extranjería: el Gobierno no consigue los apoyos suficientes

A un día de que la Ley de Extranjería llegue al Congreso, el Gobierno no tiene aún los apoyos suficientes. El Ejecutivo quiere un reparto obligatorio, sin coincidir con la oposición.

Junts sigue en el 'no' y el Partido Popular (PP) mantiene tres condiciones a cambio de un 'sí': declarar la emergencia migratoria, nuevas reuniones de los presidentes autonómicos y más financiación. El PSOE dice que eso está garantizado y pide al PP que se deje de excusas. Sin embargo, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, endurece su discurso.

Feijóo ha pedido al jefe del Ejecutivo hacer "cesiones", como hace con sus socios parlamentarios, si quiere el apoyo a la reforma de la Ley de Extranjería. Tras recriminar al Gobierno que siga sin "hacer nada" para solucionar la crisis migratoria, ha defendido la solidaridad del PP con las personas que llegan a España jugándose la vida, pero ha hecho hincapié también en la seguridad. "Solidaridad sí, pero seguridad también", ha afirmado Feijóo.

Feijóo ha acusado al Gobierno de "mirar para otro lado" ante la situación migratoria, pese a que las comunidades autónomas llevan un año advirtiendo del "colapso del acogimiento". "Una improvisación que descarga en las comunidades autónomas las responsabilidades que el Gobierno no ejerce. Y una improvisación con la que se quiere cronificar esta crisis en vez de atajarla", ha apostillado.

El Pleno del Congreso acogerá el martes 23 de julio el debate de toma en consideración de la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería que PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron. El objetivo es fijar como obligatorio el reparto de menores cuando haya colapso en Canarias.

Flexibilizar los requisitos para regularizar a inmigrantes

El nuevo reglamento flexibilizará los requisitos para que más inmigrantes puedan regularizar su situación en España con más facilidades para las víctimas de explotación laboral y una nueva fórmula de arraigo denominado "de segunda oportunidad". Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Uno de los cambios más relevantes que ha detallado la ministra es una mejora en el procedimiento para regularizar a los inmigrantes que han sufrido explotación laboral y mayor protección, para que estas personas puedan "cambiar de empresario" en caso de este tipo de abusos o ante la imposibilidad de realizar el trabajo.

Asimismo, el reglamento crea el llamado 'arraigo sociolaboral', por el que podrán regularizar su situación en España quienes lleven dos años en el país y presenten uno o varios contratos de trabajo que sumen al menos 20 horas semanales. Para "favorecer la disminución del tiempo previo de irregularidad" se rebaja de tres a dos años la permanencia continuada en España exigida, y también se elimina el requisito de tener vínculos familiares en España.

Para evitar fraudes, se exige que se tenga que mantener al trabajador tres meses de alta en la Seguridad Social en un periodo de seis meses, para poder prorrogar un año más.

La ministra ha señalado que el nuevo reglamento busca combatir las mafias, el fraude y las vulneraciones de derechos, pero también atender a las necesidades del mercado laboral. Explica que con él, "se abren puertas que antes estaban cerradas con tres llaves que son clave: la formación, el empleo y la familia", y que en esta cuestión migratoria solo hay dos opciones, "ser solidario o no serlo".

Saiz también ha recalcado que "España da la bienvenida al talento de todas las nacionalidades", y que se podrá disfrutar de una autorización de estancia por estudios que dure lo mismo que la formación, además de facilitarse una vía rápida para poder enlazar con una autorización de trabajo una ve terminen los estudios. Hace hincapié en que "se tienen en cuenta realidades que hasta ahora no se tenían en cuenta". La ministra se ha mostrado optimista y ha recalcado que tiene la esperanza de que el martes esta cuestión vea la luz en el congreso.

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