Jueces
Jueces y fiscales se manifiestan contra las reformas judiciales del Gobierno: "Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas"
Las asociaciones que convocan la manifestación animan a "todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general".
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Cinco asociaciones de jueces y fiscales han convocado una concentración frente a la sede del Tribunal Supremo en protesta por los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno. La concentración se ha celebrado este sábado a las 12:30 horas en la Plaza de las Salesas, en Madrid, bajo el lema 'Sin Estado de Derecho no hay Democracia'.
Esta manifestación es el anticipo de una semana que estará marcada por la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio por las mismas asociaciones, que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal. Las asociaciones que han participado en esta huelga, todas ellas conservadoras, son las siguientes:
- Asociación Profesional de la Magistratura.
- Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
- Foro Judicial Independiente.
- Asociación de Fiscales.
- Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad esta semana que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, "no procede" tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.
Sobre las posibles sanciones a los magistrados que secunden este paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos.
La Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar las actuaciones en las que la ausencia del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos".
Las asociaciones que convocan la manifestación animan a "todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general". Aseguran que se trata de una concentración estrictamente institucional, "al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho".
¿Por qué se manifiestan?
Los manifestantes marchan contra la conocida como 'Ley Bolaños', una reforma que, en palabras del ministro del que coge el nombre, Félix Bolaños, pretende modernizar la justicia. Sin embargo, los convocantes consideran que esta medida esconde la intención del Gobierno de controlar el Poder Judicial.
"Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para evitar que se apruebe esta ley", ha asegurado Sergio Oliva, portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria.
De estas protestas se ha desvinculado la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) que confirmó que no la secundaría pese a ser contraria al proceso de estabilización contemplado para la carrera. A pesar de ello, los convocantes exigen la retirada del proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, en tramitación parlamentaria, y del anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Consideran que estas leyes "comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal" y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.
"La Ley Bolaños viene a controlar más el sistema judicial como consecuencia de los casos que acorralan a Pedro Sánchez", ha insistido Carmen Fúnez, vicesecretaria de la Organización PP.
Finalmente, de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sostienen que da pasos atrás al incrementar "injustificadamente" el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora.
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