Jueces y fiscales se manifiestan contra las reformas judiciales del Gobierno

Cinco asociaciones de jueces y fiscales han convocado una concentración frente a la sede del Tribunal Supremo en protesta por los proyectos legislativos emprendidos por el Gobierno. La concentración se celebra este sábado a las 12:30 horas en la Plaza de las Salesas, en Madrid.

Esta manifestación es el anticipo de una semana que estará marcada por la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio por las mismas asociaciones, que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó por unanimidad esta semana que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, "no procede" tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.

Sobre las posibles sanciones a los magistrados que secunden este paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos.

La Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar las actuaciones en las que la ausencia del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos".

Las asociaciones que convocan la manifestación animan a "todos los operadores jurídicos y a la ciudadanía verdaderamente comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general". Aseguran que se trata de una concentración estrictamente institucional, "al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista, que no se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho".

¿Por qué se manifiestan?

De estas protestas se ha desvinculado la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) que confirmó que no la secundaría pese a ser contraria al proceso de estabilización contemplado para la carrera. A pesar de ello, los convocantes exigen la retirada del proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, en tramitación parlamentaria, y del anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Consideran que estas leyes "comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal" y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

De la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, sostienen que da pasos atrás al incrementar "injustificadamente" el poder del fiscal general del Estado sin establecer contrapesos internos ni verdaderas garantías para que los fiscales lleven a cabo su labor investigadora.

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