Comunitat Valenciana
Alicante multará la prostitución y la mendicidad en sus calles
Después de un año en tramitación, la propuesta elaborada por la coalición entre el PP y Ciudadanos de prohibir y multar a prostitutas y personas sin techo ha tenido luz verde en el pleno de Alicante
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El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado prohibir la prostitución y la mendicidad en sus calles bajo multas de 1.500 hasta 3.000 euros, respectivamente. Una medida presentada el pasado año por la coalición formada entre PP y Ciudadanos que finalmente este jueves ha tenido la luz verde del Pleno.
Han sido necesarios los votos de Partido Popular, Ciudadanos y Vox para aprobar esta nueva Ordenanza de Convivencia Cívica mediante la que se prohíbe ejercer la prostitución en las calles de la ciudad y la mendicidad en base al modelo realizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Una decisión que llega con polémica, ya que desde la oposición han criticado que se ponga el foco en las víctimas, en las personas sin recursos y en las mujeres obligadas a prostituirse. Y no sólo eso. Más de 40 asociaciones han reprochado la aceptación de dicha Ordenanza. Entre ellos, Cáritas, que pese a ser una asociación católica ha pedido proteger a las personas más vulnerables y realizar cambios en la redacción del texto.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento, el concejal de Seguridad, José Ramón González, ha destacado que esta nueva norma "mejora la convivencia ciudadana en lugar de mirar hacia otro lado y dejar el problema a los vecinos", al tiempo que ha señalado que no van a "permitir que las mafias exploten a personas para ejercer la mendicidad o que exploten a mujeres para prostituirlas".
Una norma que lleva en la agenda del Ayuntamiento desde hace años
Esta norma, que devuelve la vigencia de la impulsada por la ex edil de la ciudad, Sonia Castedo, se aprueba así después de ser presentada el pasado octubre de 2020 en el Pleno del Ayuntamiento y tras un borrador redactado en 2019.
Sin embargo, hasta llegar a su sí definitivo ha tenido que ser sometida a consulta pública y participación ciudadana, así como expuesta por un periodo de tiempo a cualquier tipo de alegación por la que tendrá que volver a someterse. La previsión es que entre en vigor a principios del próximo año.
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