juicio por los ordenadores de bárcenas

La juez abre juicio oral contra el PP y su tesorera por el borrado de los ordenadores de Bárcenas

Así lo acuerda en un auto en el que además abre juicio oral respecto a Alberto Durán Ruiz de Huidobro, asesor jurídico del partido, y José Manuel Moreno Alarcón, director del sistema de información del PP, que al igual que Carmen Navarro también están investigados por delito de encubrimiento.

Luis Bárcenas

Luis BárcenasEFE

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La magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, ha dictado la apertura del juicio oral por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el extesorero Luis Bárcenas empleaba en la sede del partido en la calle Génova de Madrid y el PP tendrá que sentarse en el banquillo acusado de un delito de daños informáticos.

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid confirmaba hace casi un mes el procesamiento del PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán.

Es la primera vez que una formación política se sentará en el banquillo de los acusados como persona jurídica. En el auto, fechado a 30 de noviembre, la jueza abre juicio oral contra la tesorera, el abogado y el informático por un delito de encubrimiento y de daños informáticos, mientras que en el caso del PP se queda en el delito por daños informáticos.

La magistrada desestima la petición del PP y de la tesorera de que tenga en cuenta la denominada 'Doctrina Botín' para evitar que éstos se sienten en el banquillo de los acusados y hace referencia a la resolución confirmatoria de la Audiencia que recoge que "se impidió con el borrador de los datos la realización de una diligencia considerada relevante en una causa criminal de indudable trascendencia".

Entiende que hay una "íntima conexión entre los delitos objeto de acusación, los daños informáticos y el encubrimiento, que incluso operarían en concurso ideal, según alguna de las acusaciones". "Ello impide apreciar en este momento procesal la consideración de la naturaleza estrictamente privada del delito de daños informáticos, y la consiguiente aplicación de la conocida Doctrina Botín", señala, aunque añade que se posibilita que en su día "resuelva el órgano de enjuiciamiento, si así se plantease".

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