El exministro de Economía Luis de Guindos ha dicho en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que tuvo lugar en julio de 2011, que esta entidad era "el caso más problemático del sistema bancario español", con una enorme exposición al sector inmobiliario y una de sus filiales, el Banco de Valencia, intervenida por el Estado.
De Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), fue titular de Economía entre diciembre de 2012 y marzo de 2018, y declara como testigo por videoconferencia desde Fráncfort a solicitud de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), sindicato de las antiguas cajas que ejerce la acusación popular, aunque se incorporó al Ministerio seis meses después de la ops.
A preguntas de la fiscal Carmen Launa, De Guindos ha explicado que "desde un primer momento" se reunió con el gobernador y el subgobernador del Banco de España -Luis María Linde y Fernando Restoy, respectivamente-, en relación con Bankia, que "a veces nos olvidamos, pero era el caso más problemático del sistema bancario español".
En un momento en el que "España estaba a punto de ser rescatada, al borde del abismo", Bankia era una entidad sistémica, con una exposición enorme al sector inmobiliario y "enormes" necesidades de liquidez del BCE, con el agravante de que una de sus filiales, Banco de Valencia, había sido intervenido; todo ello eran "factores de alarma de la situación del sistema financiero".
El objetivo "número uno" del ministro de Economía en ese momento, ha asegurado, era evitar el colapso; el Estado tomó el control del 100 % de la matriz de Bankia, Banco Financiero y de Ahorros el 9 de mayo de 2012, y procedió a la sustitución de Rodrigo Rato, al que la Fiscalía Anticorrupción acusa de estafa a los inversores, por José Ignacio Goirigolzarri.
Según ha relatado, el Banco de España le hizo partícipe de la "situación de dificultad", agravada por un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), que señalaba a Bankia como "la entidad más grande y sistémica y la que más efectos negativos y contaminantes podía tener sobre el resto del sector".
El decreto ley de reestructuración del sistema financiero aprobado en febrero de 2012 "podía no ser suficiente", ha aclarado, dadas las grandes necesidades de capital que mostraban los bancos y cajas.
El Gobierno había venido informando de que había un problema en la valoración de los créditos inmobiliarios, que en un primer momento afectó a los activos dudosos y luego, ya en mayo, también a activos que no estaban sujetos a morosidad.
