La Comisión Europea ha decidido llevar a España, así como a Croacia, Chipre y Portugal, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado "completamente" en su legislación la normativa europea sobre créditos hipotecarios. Los países tenían de plazo hasta el 21 de marzo de 2016 para trasponer la ley, precisó en un comunicado el Ejecutivo comunitario, que ya había pedido formalmente a estos países en 2015 que implementasen la directiva.
El objetivo de la directiva es "crear un mercado de crédito hipotecario en toda la Unión con un nivel elevado de protección de los consumidores", indicó la Comisión. Según el Ejecutivo, la no aplicación de la ley europea en los Estados miembros da lugar a que los consumidores de esos países no dispongan de la protección que la misma otorga cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos.
Sin la directiva, adoptada el 4 de febrero de 2014, los intermediarios de crédito tampoco pueden contar con un pasaporte para sus actividades comerciales, lo cual "priva a los consumidores de Croacia, Chipre, Portugal y España de ofertas de crédito potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros", explicó Bruselas. El Ejecutivo aseguró que esa situación "dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos".
La norma introduce la Ficha Europea de Información Normalizada (FEIN), que busca permitir a los prestatarios comprender mejor los riesgos inherentes a su contrato hipotecario; medidas para evaluar la solvencia de los solicitantes de una hipoteca y principios para autorizar y registrar a los intermediarios de crédito. Asimismo, posee disposiciones relativas al reembolso anticipado, los préstamos suscritos en moneda extranjera, las prácticas de venta vinculada, la educación financiera, la tasación de la propiedad, las demoras y la ejecución hipotecaria. Además de en 2015, la Comisión ya pidió a España en mayo y noviembre del año pasado trasponer la directiva a la legislación nacional.
Tras conocer esta decisión de Bruselas, el Gobierno ha manifestado que confía en que España pueda tener una norma hipotecaria acorde con las exigencias europeas, algo que no depende sólo del Ejecutivo, antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie al respecto. En estos momentos, han explicado fuentes del Ministerio de Economía, se busca el consenso necesario para superar el trámite parlamentario, con el objetivo de que España incorpore completamente la normativa europea sobre créditos hipotecarios.
España lleva retraso en la trasposición de esta directiva porque durante todo 2016 el Gobierno estuvo en funciones y no pudo avanzar en esta materia, extremo que ha pasado por alto Bruselas.
