Los profesores no quieren criminalizar a nadie, ni si quiera imponer el autoritarismo, sino que salga adelante una Ley de autoridad que defienda al docente ante la agresividad que impera en las aulas y antes los padres agresivos. En Canarias, 104 enseñantes acudieron al defensor del profesor, se registraron 11 agresiones, seis fueron de padres a docentes.
Lo que la Ley de Autoridad establecería es la diferencia entre una falta y un delito a la hora de pegar a un profesor.
Denuncia el sindicato que el sistema Educativo español ha perdido desde 2010 más de 6.300 millones de euros. Y esto se nota en el aula, en la calidad educativa, en la igualdad de oportunidades entre los alumnos, y hasta en la violencia en las aulas.
Dicen los profesores que la sociedad y los padres no pueden vivir de espaldas a la educación de sus hijos. Lo peor que puede pasar es propiciar un negativo estado anímico del profesorado.
