Las 32 personas detenidas el pasado miércoles, tres de ellas menores, durante el desalojo del centro social ocupado "La Morada" de Madrid han quedado en libertad tras declarar ante la Policía, aunque imputados por los delitos de resistencia y desobediencia y usurpación de bienes inmuebles.
Así lo ha explicado este jueves el jefe superior de Policía de Madrid, José Alfonso Fernández, en una rueda de prensa en la que ha informado de la desarticulación de una banda especializada en robar bancos junto a la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, y el comisario jefe de la Brigada de Información de Madrid, José Luis Conde.
El jefe superior ha detallado que el teléfono (900100301) que se habilitó el pasado martes para que los ciudadanos denuncien ocupaciones ilegales se vio colapsado el miércoles por la gran cantidad de llamadas que se registraron. Por eso ha pedido paciencia y ha prometido que se escucharán "todos y cada uno de los requerimientos".
En cuanto a los arrestos del miércoles, el jefe superior ha relatado que las detenciones se practicaron después de que, recientemente, el propietario del inmueble, decidiera cambiar la cerradura y poner vigilancia privada aprovechando un momento en el que no había nadie en el inmueble, que había sido ocupado.
El propietario había denunciado la ocupación y la madrugada del miércoles, en virtud de una orden judicial, la Policía procedió a desalojar a los moradores, sin mayores incidentes. Pero el miércoles por la tarde un grupo entró de nuevo en el inmueble, mientras otro grupo les apoyaba desde el exterior, lo que finalmente motivó una intervención con los antidisturbios que acabó con los 32 detenidos.
El jefe superior ha detallado que una llamada alertó el miércoles de que varios jóvenes habían entrado en la vivienda "arrollando a los vigilantes jurados" contratados por el propietario, por lo que la Policía intervino. Durante la mañana de este jueves se han congregado en la puerta del inmueble varias personas, sin que se hayan registrado incidentes, ha precisado.
Alfonso José Fernández ha incidido en la necesidad de que las diferentes instituciones colaboren contra las ocupaciones ilegales y en que se de una solución social a las familias que lo necesiten.
La delegada del Gobierno ha incidido, como hizo el pasado martes al presentar al inspector jefe de coordinará las investigaciones y actuaciones contra ocupaciones ilegales de viviendas, en que todas las instituciones tienen que colaborar en este ámbito. Ha precisado que este jueves habrá una reunión convocada por el Ayuntamiento de Madrid a la que asistirán representantes de la Delegación y de Policía Nacional para tratar el asunto de las ocupaciones ilegales, y ella pedirá que el Consistorio designe a una persona como única interlocutora.
Preguntada por si la Policía Municipal debería tener una unidad específica para luchar contra las ocupaciones ilegales, Dancausa ha dicho que es el Ayuntamiento el que debe tomar esa decisión, si lo considera oportuno, y ver si tiene capacidad para ello.
