Inmigración
La Justicia europea da un varapalo al modelo migratorio de Meloni
La Corte de Luxemburgo ha sentenciado que ningún estado miembro podrá decidir qué países son seguros para trasladar a los inmigrantes sin un control judicial
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó este viernes el modelo italiano de designación de países que se consideran seguros para repatriar inmigrantes, siempre que dicha designación sea sometida a un control judicial.
La sentencia responde al caso de dos ciudadanos de Bangladesh rescatados en el mar por autoridades italianas, que fueron trasladados a un centro de internamiento en Albania en virtud del acuerdo entre este país e Italia, que creó centros para internar y repatriar a migrantes en el territorio albanés.
Sus solicitudes de protección internacional fueron tramitadas por un procedimiento acelerado en la frontera y rechazadas por considerarse infundadas, al tratarse de nacionales de un país designado como "seguro".
La corte, con sede en Luxemburgo, aclara que los Estados miembros pueden denegar solicitudes de asilo en procedimientos acelerados si el país de origen figura en su lista de países seguros, siempre que dicha designación pueda ser recurrida y evaluada judicialmente. Esta evaluación "debe centrarse en el cumplimiento de los requisitos materiales" establecidos por la Directiva europea sobre procedimientos comunes para la concesión o retirada de protección internacional.
Además, la corte europea subrayó hoy que, tanto el solicitante de asilo como el órgano judicial que revise el caso deben tener acceso a las fuentes de información utilizadas para justificar dicha designación. No obstante, recalcó que un Estado miembro no puede incluir a un país en la lista de países de origen seguros si no ofrece una protección suficiente a toda su población.
Centros italianos en Albania
El Gobierno de Giorgia Meloni inauguró en octubre de 2024 dos centros en Albania, para expulsar desde allí a los inmigrantes interceptados en el Mediterráneo central. Aunque fueron concebidos para albergar temporalmente a estos inmigrantes sin derecho a asilo, tras semanas de inutilización por obstáculos judiciales, se convirtieron en centros de espera a la repatriación (CPR).
El Tribunal de Justicia precisó que, hasta la entrada en vigor de un nuevo reglamento que sustituya a la Directiva actual, un Estado miembro no puede designar como país de origen "seguro" a un tercer país que no cumpla, para determinadas categorías de personas, los criterios materiales de tal designación.
Reacción del Gobierno italiano
El Gobierno de Meloni expresó su rechazo a la sentencia, ya que "decide delegar en cualquier juez nacional la decisión, no sobre casos individuales sino sobre la parte de la política migratoria".
En un comunicado difundido este viernes, lamentó que “una vez más, la jurisdicción, esta vez europea, reclama competencias que no le corresponden, frente a responsabilidades que son políticas".
En su opinión, con esta decisión, "para la identificación de los llamados países seguros, prevalece la decisión del juez nacional, basada incluso en fuentes privadas, sobre los resultados de las complejas investigaciones realizadas por los ministerios competentes y evaluadas por el Parlamento soberano".
"Es un paso que debería preocupar a todos, incluidas las fuerzas políticas que hoy se regocijan por la sentencia, porque reduce aún más los ya limitados márgenes de autonomía de los gobiernos y los parlamentos en la orientación normativa y administrativa del fenómeno migratorio", afirmó la nota oficial del Gobierno italiano.
Meloni también subrayó la contradicción que, a su juicio, supone este pronunciamiento "a pocos meses de la entrada en vigor del nuevo Pacto de la UE sobre inmigración y asilo, que contiene normas más estrictas, incluso en lo que respecta a los criterios de identificación de esos países: un pacto fruto del trabajo conjunto de la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea".
Además han añadido que el Gobierno italiano no dejará de buscar todas las soluciones posibles, tanto técnicas como normativas, para garantizar la seguridad del país durante el período de transición, que durará diez meses, hasta que el nuevo Pacto Europeo entre en vigor.
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