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Los nuevos estatutos del PSOE blindan a Gallardo: podrá seguir en política aunque se siente en el banquillo
Los nuevos estatutos del PSOE, aprobados en noviembre, permiten que cargos imputados por causas judiciales sigan en sus puestos si se considera que hay motivaciones políticas detrás.
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La reciente reforma de los estatutos del PSOE, aprobada en su último Congreso Federal en noviembre, permitirá que Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños, continúe en sus cargos políticos a pesar de estar a un paso del banquillo por una causa judicial relacionada con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
Tirando de hemeroteca, la promesa de Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa fue clara: acabar con los aforamientos, a los que calificó de “privilegios”. Pero esa promesa se desvaneció. Hoy, su partido defiende el aforamiento de Gallardo y, además, lo protege con un cambio en sus propias reglas internas.
Los nuevos estatutos del PSOE incluyen una cláusula que exime de dimitir a sus cargos públicos cuando se considere que están siendo objeto de un "uso de instrumentos jurídicos con finalidades políticas". Una redacción lo suficientemente ambigua como para permitir que Gallardo mantenga su posición pese a la apertura de juicio oral.
Este blindaje contrasta con otros casos recientes, como el de José Luis Ábalos, a quien no se le aplicó ese mismo criterio. El caso Gallardo, en cambio, se ampara en la nueva interpretación ética del partido.
El Código Ético y de Conducta del PSOE establece que será la Comisión Federal de Ética y Garantías la que decida si la militancia y el ejercicio del cargo son compatibles con procesos judiciales, sobre todo si se presume que hay motivaciones políticas detrás.
Prisas judiciales y aforamiento exprés
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha salido en defensa de Gallardo y del aforamiento que acaba de adquirir como diputado en el Parlamento extremeño. Bolaños ha calificado de "sorprendente" la decisión de la jueza de Badajoz que, sin esperar el pronunciamiento de la Audiencia Provincial, ha abierto juicio oral contra Gallardo y David Sánchez por presunta prevaricación y tráfico de influencias.
"La resolución es sorprendente porque no es habitual abrir juicio oral sin el criterio previo de la Audiencia", ha declarado. A su juicio, hay "prisas" poco justificables en este proceso judicial.
La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha ido más allá, acusando a la "ultraderecha" de fabricar un "bulo" para "deshumanizar" al presidente Sánchez. Montero ha comparado el caso con el de la hermana de Juanma Moreno, presidenta de la Junta de Andalucía, cuyo contrato en un conservatorio no generó —según ella— ninguna reacción judicial.
Gallardo se convirtió en diputado autonómico justo antes de que la jueza dictara el auto que lo envía a juicio. Desde el PSOE se niega que haya sido una maniobra para obtener el aforamiento. La portavoz regional del partido, Isabel Gil Rosiña, ha defendido que su incorporación a la Asamblea extremeña estaba prevista y no guarda relación con la causa judicial.
Sin embargo, algunos dirigentes socialistas, como el expresidente de la Diputación de Cáceres Miguel Ángel Morales, han mostrado su malestar con lo que califican de "movimientos preocupantes".
La realidad es que, con los estatutos actuales, Gallardo no está obligado a dimitir ni a apartarse, incluso si finalmente se abre juicio contra él.
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