Cristóbal Montoro,ministro de Hacienda, considera que es "mucho más completo" para el país que los cargos públicos electos puedan ejercer, simultánea o posteriormente a dejar su puesto, actividades privadas, ya que eso les aporta una experiencia que enriquece su función pública.
Montoro ha hecho estas declaraciones tras la pregunta de la diputada socialista Soraya Rodríguez en el Pleno del Congreso respecto de la normativa reguladora de las incompatibilidades y del conflicto de intereses.
En este sentido, Rodríguez ha criticado que "en numerosas ocasiones" miembros del Gobierno hayan "traspasado la línea" que delimita los intereses públicos y privados y que "muchísimos" ministros tengan "indudables intereses" en las materias que gestionan, como por ejemplo Pedro Morenés, Rafael Catalá o Isabel García Tejerina.
"Es un problema de fondo, sobre la forma en que ustedes entienden la vida pública, la privada o la buena política", ha insistido, señalando al propio Montoro como "paradigma de la fina línea entre lo privado y lo público" por haber fundado un despacho que contaba en su plantilla con los "Montoro-boys", que le acompañaron en su anterior etapa como ministro, como Ricardo Martínez Rico o Francisco Piedras Camacho, y algunos de los cuales han vuelto ahora al Ejecutivo como Engracia Hidalgo o Pilar Platero.
En este sentido, el titular de Hacienda ha discrepado "radicalmente" de ese concepto de la política, porque "una cosa es regular el conflicto de intereses de manera clara y expresa y otra es entender que la política es incompatible con todo". "Eso me parece un error que ha llevado a que en este país hubiera gobernantes que después no supieran qué hacer con su capacidad, porque tienen experiencia pero no saben lo que son las empresas y el mundo económico y financiero", ha abundado.
A su juicio, que en las administraciones haya personas que "conocen otras realidades" es "enriquecedor" y sin las aportaciones de gente que conoce el sector privado se "empobrece mucho cualquier ámbito de la política". De hecho, ha llegado a ponerse a sí mismo como ejemplo de compatibilización de la vida pública y la privada.
En este punto, Montoro ha recordado que hasta 40 miembros del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero --incluyendo a los exvicepresidentes económicos Elena Salgado y Pedro Solbes-- pidieron la compatibilidad para ir al mundo de la empresa al abandonar sus responsabilidades públicas. "Y me parece correcto", ha apostillado, criticando, no obstante, que cuando son los socialistas quienes tienen este comportamiento "todo es válido, perfecto y correcto" pero no cuando se trata de miembros del PP.
En este punto, Soraya Rodríguez ha sacado a colación tres ejemplos de cómo los 'populares' "confunden" intereses públicos y privados. En primer lugar, el propio bufete Equipo Económico que Montoro fundó en 2006 y que abandonó en 2008, y que contaba con "tantos miembros" de su equipo y del de Rodrigo Rato que se comprometió a no contratar con la administración, pese a lo cual de 2008 a 2012 su facturación con el sector público aumentó un 127%, pasando de 2,9 a 6,6 millones de euros "mientras había recortes en todo".
A renglón seguido, la socialista se ha referido al "episodio verdaderamente alarmante" del embajador español en Londres, Federico Trillo; del portavoz 'popular' de Economía en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte; y de la exdiputada y actual senadora del PP Ana Torme, que "asesoraban" a la empresa Collosa, el 90% de cuya actividad se deriva de contratos con el sector público en Castilla y León.
Una relación laboral "que no es legal", a juicio del principal partido de la oposición, porque se enmarca en una "trama organizada" de "extorsión y pillaje" por parte de personas y sociedades dedicadas a la venta de concesiones ambientales para parques eólicos en Castilla y León, tal y como pone de manifiesto el informe de la Agencia Tributaria que ha sacado a la luz la vinculación.
Pese a las explicaciones de los implicados alegando que "todo era legal", Rodríguez ha recordado que Pablo Trillo, hermano del embajador, era secretario general de la Consejería en los años que se concedieron más licencias, que luego se revendían "con una gran mordida" a las empresas finales. Así se consiguió "un gran pelotazo" de 110 millones de euros en 35 de los 220 parques eólicos de Castilla y León. "Pero cuando acabe la investigación, ¿de qué cifra estaremos hablando?", se ha preguntado.
El tercer ejemplo esgrimido por la diputada vallisoletana ha sido la "incompatibilidad vergonzosa" del portavoz adjunto del PP en el Congreso Agustín Conde, que trabajaba para un banco como asesor para "ejecutar desahucios" cuando a la vez votaba la normativa al respecto. "Es tan poco legal que ni siquiera pidió la compatibilidad al Congreso. Ustedes no sienten vergüenza, pero nos llenan de vergüenza a todos", ha apostillado.
Por eso, ha reclamado a Montoro que "haga algo" como máximo responsable de la Oficina de Conflicto de Intereses y que lleve "mañana mismo" al Consejo de Ministros una propuesta de reforma de la Ley Electoral para "restringir claramente" el régimen de incompatibilidades, limitándolo a la docencia y las actividades intelectuales.
