El interventor del Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), Carlos Francisco Sáenz Melero, ideó una trama de pagos por contratos ficticios en los distintos municipios donde desempeñaba ese cargo, que presuntamente le permitió apropiarse de más de 311.000 euros de fondos públicos.
El juez número 4 de Arrecife, Ricardo Fiestras, expone esa conclusión en el auto en el que da por concluida la tercera de las tres piezas que constituyen el llamado 'caso Montecarlo', un supuesto entramado de desvío de fondos de varios ayuntamientos de Lanzarote que implica a ediles, funcionarios y empresarios.
En esta pieza concreta, el magistrado aprecia base suficiente para procesar al funcionario que debería velar por la correcta fiscalización de los gastos del Ayuntamiento de Arrecife por delitos de prevaricación, fraude, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental y blanqueo de capitales. De hecho, le da tres días para que deposite una fianza de 925.568 euros, adicional a las otras dos que hoy mismo le ha impuesto en las dos piezas restantes del caso por un valor total 7,65 millones.
El juez considera que la instrucción realizada hasta la fecha pone de manifiesto que el interventor del Ayuntamiento de Arrecife tenía "ánimo de sustraer y consentir la sustracción ilícita de fondos públicos" del Consistorio con la colaboración de tres empresas de un amigo suyo, José Vicente Montesinos Ramírez.
Este último, administrador de las sociedades Gestecal, Recingest y Progestril, se enfrenta por estos hechos a posibles delitos de prevaricación, fraude, cohecho, malversación, falsedad y blanqueo de capitales, por los que se le exige una fianza de 925.468 euros. En un auto hecho público, el juez señala que los dos contaron con la colaboración del edil de Hacienda en esos años, José Miguel Rodríguez Sánchez, para que se adjudicaran a Gestecal, Recingest y Progestril múltiples contratos de asesoramiento financiero al Departamento de Compras del Consistorio entre 2008 y 2009.
Los procesados, añade el magistrado, procuraron que todos esos contratos fueran inferiores a 18.000 euros, fraccionando así las cantidades "de manera escandalosa" para evitar la obligación legal de sacar esos servicios a licitación pública. Pero, sobre todo, remarca que se trata de asesoramientos "ficticios que nunca iban a prestarse y nunca se prestaron", en una mecánica que los mismos protagonistas repitieron en el Ayuntamiento de San Bartolomé, del que también era interventor Sáenz Melero. En principio, esas empresas asesoraban al Ayuntamiento de Arrecife para redactar pliegos de licitación de contratos, pero en realidad solo proporcionaban "meras fotocopias" del mismo documento "en las que solo varía una palabra, la relativa al suministro objeto del contrato", desvela el magistrado en el auto.
El juez subraya que, por ese procedimiento, el Ayuntamiento de la capital de Lanzarote pagó "unos 200.000 euros en folios fotocopiados idénticos, inútiles, innecesarios, bajo el parapeto de contratos simulados y plenamente ilegales" que salían adelante solo porque estaban concertados para ello el interventor municipal, el concejal de Hacienda y el acreedor (las empresas de Montesinos Ramírez).
Es decir, abunda el magistrado, el Ayuntamiento de Arrecife pagó esos asesoramientos a razón de 700 euros por folio fotocopiado. El Juzgado también observa base para juzgar en este procedimiento a un abogado contratado por el Ayuntamiento cuando las empresas de Montesinos Ramírez reclamaron algunos pagos que no salían adelante: Federico Toledo Guadalupe, al que reprocha que ejerciera su defensa de los intereses del Consistorio de una forma "errática" que cree premeditada y destinada a que los Juzgados no le dieran la razón.
El instructor remarca que Carlos Sáenz Melero ingresó en esos años "cuantiosas cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido", que no se explican por sus "ya de por sí elevados emolumentos" por los distintos ayuntamientos a los que prestaba servicio como interventor (Arrecife, Teguise y San Bartolomé, en Lanzarote, y La Oliva, en Fuerteventura).
El juez cita al respecto un informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía que señala que, con la colaboración del empresario Montesinos Ramírez, este funcionario público dispuso entre 2004 y 2012 de al menos 311.745 euros de origen desconocido.
