El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a los nuevos dueños de Nueva Rumasa, Ángel de Cabo, Iván Losada y Fernando Lavernia, por presuntos delitos de blanqueo de capitales e insolvencia punible dentro de la causa abierta contra la familia Ruiz-Mateos por la presunta estafa a los inversores de pagarés del grupo empresarial, según informaron fuentes del juzgado.
Ruz imputa también por los mismos delitos a Alfonso Barón Rivero, sobrino de Teresa Rivero y presunto responsable de la estructura societaria de Nueva Rumasa en paraísos fiscales, a la hija de ésta y del patriarca de la familia, Rocio Ruiz-Mateos, y a su marido, Luis Ojeda.
Todos ellos están citados a declarar como imputados los próximos 28 y 29 de febrero ante el titular del Juzgado de Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. De esta manera, se suman como imputados a la causa al patriarca de los Ruiz-Mateos, su mujer, los seis hijos varones del matrimonio y el sobrino de éstos, Zoilo Pazos.
Las nuevas imputaciones derivan de la admisión a trámite de la ampliación de querella presentada por el antiguo director de los servicios jurídicos de Nueva Rumasa, Joaquín Yvancos, presentada el pasado 11 de enero. Los actuales dueños de Nueva Rumasa compraron también el grupo Marsans a Gerado Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual en el momento de la quiebra.
Compraventa "fraudulenta"
La querella denunciaba que la operación de compraventa de Nueva Rumasa llevada a cabo por De Cabo, a través de la sociedad Back in Business, fue un 'auténtico fraude', y con ella se pretendía 'evitar ejecuciones de bienes y eludir el pago de las cuantiosas obligaciones' que ascienden a cerca de 1.500 millones de euros.
El abogado acusaba a ambas partes acordar repartirse un 80% para la familia Ruiz-Mateos y un 20% para De Cabo, de lo resultante de las liquidaciones de las distintas sociedades inmersas en procesos concursales y en perjuicio de los acreedores.
En este sentido, denunció que el equipo de Back in Business, con la colaboración de los hijos de Ruiz-Mateos, estaba 'diseñando y ejecutando operaciones jurídicas destinadas a la ocultación, enajenacion, gravamen o sustracción fraudulenta de los activos de Nueva Rumasa' en contra de los intereses de los acreedores.
Por su parte, Rocío Ruiz-Mateos y a su marido, ambos residentes en Ginebra, tendrán que responder por la presunta substracción de varias obras de arte por valor de más de 750.000 euros de la casa familiar situada en Somosaguas (Madrid).
Esta decisión del juez coincide con el registro practicado este miércoles por la Policía judicial en la casa familiar de los Ruiz-Mateos, situada en la urbanización de Somosaguas (Madrid), y de otra vivienda colindante, que servía como oficina a los hijos varones del fundador de Nueva Rumasa.
