El Gobierno prevé que la aprobación final de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se produzca en la semana entre el 19 y el 23 de octubre, posiblemente el día 22, a tiempo para que se disuelvan las Cortes y se puedan convocar elecciones generales para el 11 de diciembre.
Así consta en el calendario de tramitación de los presupuestos aprobado en la Junta de Portavoces del Congreso, después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, haya entregado hoy a la Cámara baja las cuentas públicas para el año que viene.
Según ese calendario, los grupos parlamentarios tienen hasta las 14.00 horas de hoy para solicitar comparecencias de altos cargos que expliquen las cuentas de sus respectivos departamentos, comparecencias que se celebrarán en la semana del 17 al 21 de agosto.
Ese último día acabará el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, que se debatirán en pleno a la semana siguiente, el 25 y el 26 de agosto. Se abrirá entonces el periodo para la presentación de enmiendas al articulado, que expirará el 27 de agosto.
Los presupuestos pasarán al trámite de ponencia que emitirá su informe el 4 de septiembre y de ahí se debatirán en Comisión, que aprobará las cuentas públicas el 11 de ese mes.
La semana siguiente, del 14 al 16 de septiembre, los presupuestos volverán al pleno para su aprobación por la Cámara Baja antes de que sean remitidos al Senado.
El Gobierno espera que el Senado pueda dar el visto bueno a las cuentas públicas entre el 13 y el 15 de octubre, de forma que puedan regresar al Congreso en la semana del 19 al 23 de octubre para su aprobación definitiva.
Ese calendario concuerda con la posibilidad de disolver las Cortes a tiempo para que las elecciones generales se celebren el 13 de diciembre.
Los presupuestos para 2016 que han llegado hoy al Congreso prevén un techo de gasto de 123.394 millones, el 4,4 por ciento menos que en 2015, y dedicarán el 53,5 por ciento a gasto social, hasta 188.130 millones, el 3,8 por ciento más.
De cada 100 euros que se gastarán el próximo año, 39 se dedicarán al pago de pensiones, 7 a prestaciones por desempleo y políticas activas y otros 8 a gastos sociales.
