Gallardón dice que "la prisión permanente revisable" podría aplicarse a etarras no rehabilitados

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado que uno de los casos en los que podría aplicarse la condena de "prisión permanente revisable" sería el de aquellos presos etarras que no solo no muestren "arrepentimiento" sino que además tengan "voluntad de seguir en la misma línea que motivó" su conducta delictiva.

"Es evidente que en aquellos casos en los que precisamente por una manifestación no solo de no arrepentimiento sino de voluntad de seguir en la misma línea que motivó las conductas que a esas personas les llevaron a la cárcel, éste sería un tipo que se podría aplicar", ha señalado en una entrevista radiofónica al ser preguntado sobre si los delitos cometidos por presos etarras podrían calificarse como lo que el propio ministro calificó de casos de "máxima repulsa social".

No obstante, Ruiz-Gallardón ha advertido de que será el legislador quien deba determinar en qué casos se deberá aplicar este tipo de condena, cuando se lleve a cabo la reforma del Código Penal. "Es a quien le corresponde cuando se reforme el Código Penal. Veremos qué delitos son susceptibles de ser castigados con la pena de prisión permanente revisable", ha aclarado.

Nunca serán objeto de indulto general
"La prisión permanente revisable lo que hace es condicionar a que esa persona haya cumplido las condiciones para que su puesta en libertad no suponga un riesgo para la sociedad", ha detallado, para añadir que la "prisión permanente revisable", concepto "contradictorio", ha defendido, con el de cadena perpetua, es una medida avanzada "que está vigente en todo el entorno europeo".

Asimismo, Ruiz-Gallardón ha recordado que los presos etarras nunca serán objeto de un indulto general ya que lo prohíbe la Constitución y ha defendido que el derecho de gracia "no es un instrumento de política general sino que corresponde a una medida excepcional", al tiempo que ha asegurado que las víctimas serán consultadas de cualquier indulto que tenga previsto emitir el Gobierno.

"No se podrá levantar una condena sin saber el criterio de la víctima. A la víctima le vamos a dar no sólo ese derecho a pronunciarse sino a conocer cuál es la evolución penitenciaria del preso", ha explicado.