Se trata de la séptima pieza secreta del 'caso Tándem', que investiga las actividades ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, y que ha salpicado a gran parte de la cúpula policial que tenía bajo su mando como ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, empezando por el número 2 entonces de la Policía Nacional, el DAO Eugenio Pino.
Gómez Gordo, al que se considera próximo a la secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal porque ocupó un cargo de responsabilidad con ella de presidenta de Castilla-La Mancha, ya prestó declaración en la Audiencia Nacional el pasado 16 de enero investigado por un presunto delito de malversación de fondos públicos. En aquel momento, respondió durante algo más de una hora a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción y su defensa para desvincularse de aquel operativo. Su única participación habría sido, según el contenido de su declaración avanzado por eldiario.es, poner en contacto al chófer de Bárcenas con el comisario José Manuel Villarejo, objeto central de la causa abierta en la Audiencia Nacional.
Terminado el interrogatorio, el juez, a instancias de Anticorrupción, acordó retirarle el pasaporte y le impuso la prohibición de abandonar el país, cautelares que siguen vigentes en la actualidad. Recientemente nombrado comisario, fue condecorado durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior por su labor de enlace entre la UDEF y la Dirección Adjunta Operativa de la Policía que comandaba Eugenio Pino. Se le relaciona además con el frustrado proyecto del Campus de la Justicia, en la Comunidad de Madrid, donde iba a ocupar el puesto de responsable de seguridad.
En la actualidad, ocupa un puesto en Alicante no exento de polémica, pues los sindicatos policiales ASP y ARP han denunciado que lleva aparejado el disfrute de una vivienda que, según el grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados, se trataría de una "prebenda".
Ahora, el juez le vuelve a requerir para que amplíe su declaración después de haber escuchado entre otros testigos, al facultativo Miguel Angel Bayo, que bajo mando de Eugenio Pino se encargaba de la gestión administrativa de los fondos reservados en la DAO. En cuanto a Ríos, que prestó declaración ante García Castellón en el mes de enero durante más de tres horas, tiene también retirado el pasaporte y prohibición de salir del país, así como está obligado a comparecer periódicamente en sede judicial.
