La AIReF plantea redistribuir los porcentajes de cotizaciones sociales elevando los destinados al sistema de pensiones y reduciendo en la misma cuantía el dirigido al SEPE, así como un traslado de los gastos no contributivos al propio Estado.
Ello elevaría el déficit estatal previsto por la autoridad para 2019 del 0,8 % al 2,2 % del PIB, dejando a cero el de la Seguridad Social (del 1,4 % del PIB, con unos 17.400 millones de euros) y manteniendo el del conjunto de las Administraciones Públicas en el 1,9 %.
Para ello, la AIReF defiende traspasar responsabilidades de gasto desde la Seguridad Social al Estado, combinando el trasvase del SEPE a la Seguridad Social (lo que aportará al sistema 10.400 millones) con transferencias del Estado para financiar otros gastos (otros 7.000 millones).
En concreto, plantea reducir en 3,5 puntos el tipo de cotización por desempleo (actualmente del 7,1 %) e incrementar en igual medida el de contingencias comunes (28,3 % en el Régimen General), según el informe sobre la Sostenibilidad del sistema, presentado hoy.
Asimismo, quiere que dejen de subvencionarse con la Seguridad Social las reducciones de cotización que considera "políticas activas de empleo", las reducidas en los regímenes especiales porque son "una subvención implícita", el gasto de funcionamiento del sistema y los subsidios por desempleo y prestaciones vinculadas (como el programa Prepara).
No obstante, el retorno a la revalorización con el IPC en 2018 y 2019 y otras medidas sobre pensiones mínimas y de viudedad añadirán 3 puntos más al crecimiento del gasto anual en pensiones en un escenario de "japonización".
De esta forma, la AIReF calcula que el déficit estructural de la Seguridad Social representa entre el 1,3 y 1,5 % del PIB.
"Estamos muy preocupados con la enorme incertidumbre que genera en la sociedad y en los agentes económicos la continua catarata de datos sobre problemas de potencial financiación de déficit de la Seguridad Social", señalan fuentes de la AIReF.
En este sentido, alertan de que esa percepción de que el Estado no va a cumplir determinados objetivos del Estado de Bienestar podría afectar a decisiones de gasto de los pensionistas y generar una "tendencia de no contribuir cada uno lo que debe al sistema" entre los cotizantes, mediante economía sumergida.
Una vez cerrado el déficit de la Seguridad Social, el segundo reto es cuantificar el aumento del gasto que supone en envejecimiento poblacional y plantear medidas para atajarlo y para incrementar los ingresos del sistema.
La AIReF calcula que el gasto en pensiones aumentará en 9,5 puntos de aquí a 2048, hasta el 20,2 %, teniendo en cuenta sus proyecciones demográficas, que contemplan un flujo de entradas netas anuales de 270.000 inmigrantes, una natalidad de hasta 2 hijos por mujer en 2050 y un incremento de la esperanza de vida hasta los 87 años.
En este escenario, la AIReF plantea una profundización de las reformas paramétricas de 2011, incrementando hasta los 35 años el periodo necesario para calcular la pensión (10 años más), así como con la "universalización" de la edad ordinaria de jubilación a los 67 años en 2027.
La aplicación de ambas medidas reduciría el gasto en pensiones sobre el PIB en casi 1 punto en 2048, en tanto que el efecto sobre la tasa de cobertura sería prácticamente neutro.
La AIReF parte de la derogación del índice de revalorización de las pensiones (IRP), aunque plantea vincular el incremento de su cuantía otros índices además del IPC, como el PIB, los ingresos del Estado o las cotizaciones sociales.
Por otro lado, sí que elabora sus cálculos teniendo en cuenta el Factor de Sostenibilidad, ya que a la AIReF "no le consta" que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo vaya a recomendar la derogación de esta medida que vincula la cuantía de la pensión a la esperanza de vida de los pensionistas.
