SEGÚN INFORMA LA ASOCIACIÓN SHAMS

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Túnez condena a seis jóvenes de 18 y 19 años a tres años de cárcel por homosexualidad

Tres jóvenes de entre 18 y 19 años han sido condenados a tres años de cárcel por mantener relaciones homosexuales. Uno de ellos, además, tiene una pena suplementaria de seis meses por tener material de vídeo de temática gay en el ordenador y a todos se les ha prohibido la entrada en la ciudad de Kairauan (centro de Túnez) durante cinco años.

Un tribunal tunecino condenó a seis jóvenes de entre 18 y 19 años a tres años de prisión por mantener relaciones homosexuales, informó la asociación Shams, que defiende los derechos de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBT).

Según esa organización, uno de ellos ha recibido, además, una pena suplementaria de seis meses de cárcel por tener material de vídeo de temática homosexual en el ordenador y a todos ellos se les prohibido la entrada en la ciudad de Kairauan (centro de Túnez) durante cinco años. Boutheina Karkni, abogada de la defensa, ha presentado un recurso de apelación, que está previsto sea estudiado por la corte de Kairauan a partir del 20 de diciembre.

Los jóvenes, condenados a la pena máxima que la ley tunecina estipula por este tipo de actos que considera delictivos, fueron detenidos entre finales de noviembre y principios de diciembre tras ser denunciados por los vecinos.

Durante la investigación, todos ellos fueron vejados al sufrir exámenes anales, explicó un miembro de la asociación, que desde hace años exige la derogación del artículo 230 del código penal tunecino que autoriza esta y otras prácticas contra los homosexuales contrarias a los derechos humanos. Las sentencias fueron criticadas por las principales organizaciones locales e internacionales de defensa de los derechos humanos, que las consideran "medievales", "humillantes" y "discriminatorias". Esta es la segunda vez en los últimos seis meses que homosexuales tunecinos son encarcelados y sometidos a exámenes anales por las autoridades.

El pasado septiembre, un joven fue detenido y sometido a una prueba de este tipo después de que la Policía descubriera que era la última persona a la que había llamado por teléfono un hombre que apareció asesinado y confesara en comisaría que tenía una relación con la víctima.

El procedimiento fue denunciado por el entonces ministro de Justicia, Salah Ben Aissa, quien instó a la derogación del polémico artículo 230. Ben Aissa no pudo avanzar en su propuesta ya que en octubre, pocas semanas después, fue cesado por no acudir al Parlamento para votar otra ley con la que no estaba de acuerdo.

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