La providencia, "deja sin efecto el auto del 15 de junio y en su lugar se acuerda librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) a fin de que remitan informe sobre el estado en que se encuentran las diferentes líneas de investigación marcadas" en un atestado. La nueva juez, en la providencia, reclama a la UCO que les remita un cronograma de los diferentes informes elaborados.
Entre las iniciativas del auto de Alaya, que aún no se había notificado, se incluía la elaboración de un informe sobre el entramado de empresas del exconsejero Ángel Ojeda dedicadas a la formación, que recibieron 33,3 millones de euros de ayudas públicas en un año y medio, según Alaya.
El 15 de junio, la anterior titular del juzgado, que pretende seguir de refuerzo instruyendo las macrocausas, también dictó un auto en el que imputaba a dos exconsejeros socialistas andaluces, Manuel Recio y Antonio Ávila, en la causa de los cursos de formación.
En ese auto, en el que acusaba a los exconsejeros de un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos, Alaya ampliaba la imputación al exconsejero Antonio Fernández y también acusaba a los ex directores gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio Toro, Alejandro Rueda y Pedro Eugenio Gracia.
