La Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda que la juez Mercedes Alaya deje de investigar las irregularidades descubiertas en la contabilidad de UGT-A, con el presunto desvío de subvenciones públicas para gastos ajenos al objeto de dichas ayudas y el falseamiento de facturas para justificar el gasto de tales subvenciones, ya que entiende que esta investigación no guarda relación alguna con el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
Según fuentes judiciales, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado un auto en el que estima parcialmente un recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción y acuerda que la magistrada abandone esta investigación en torno únicamente a las facturas de UGT y que las distintas denuncias que le fueron llegando de Manos Limpias sobre este asunto sean remitidas al Decanato para su reparto entre otros juzgados.
De este modo, el Tribunal estima parcialmente un recurso en el que el Ministerio Público advertía de que, a fin de evitar posibles nulidades, la competencia para investigar las facturas de UGT no es de la juez Alaya, sino del juez "predeterminado por Ley", como es el juez que primero recibió la denuncia.
El pasado 12 de septiembre, conviene recordarlo, la juez Alaya incoó nuevas diligencias que declaró secretas derivadas de la denominada operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil y en la que se investigó el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
La Audiencia Nacional se inhibió en favor de Alaya
En resumen, la Audiencia ha decidido retirar a la juez Mercedes Alaya únicamente la investigación sobre las facturas falsas de UGT denunciadas por Manos Limpias; así, la magistrada sí se queda con la investigación sobre el sindicado que abrió en septiembre y que, a día de hoy, continúa bajo secreto de sumario.
Hay que recordar, en esta línea, que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió remitir el pasado mes de diciembre a Alaya la investigación sobre la participación del secretario general de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación.
El magistrado siguió así el criterio del Ministerio Público, que le solicitó en un escrito que se inhibiera a favor de la magistrada, que el pasado mes de diciembre ordenó incluso registrar la sede central del sindicato UGT Andalucía y las sedes de varias empresas relacionadas con los cursos de formación de UGT.
Con todo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, todo apunta a que será el Juzgado de Instrucción número 9, el primero en incoar diligencias tras la primera denuncia por las facturas de UGT interpuesta por Manos Limpias, el que se quede con el grueso de la investigación.
