Desalojo
Once personas desahuciadas sin aviso en Las Palmas: "Nos echaron como agua sucia"
Once personas en Las Palmas de Gran Canaria han visto su vida interrumpida de forma inesperada. Agentes de la Policía Nacional, acompañados por una comisión judicial, procedieron al desalojo de una vivienda ubicada en la calle Thomas Alva Edison. No había previo aviso, ni tiempo para recoger pertenencias.
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La mayoría de las personas desahuciadas compartían la casa mediante un subarrendamiento con una mujer que no era la propietaria del inmueble ni residía allí. Esa mujer, que vivía en otro barrio, jamás les informó de que existía una orden de desalojo en su contra activa desde 2022. “Me fui a dar un baño en Las Canteras como todos los días, y al volver vi a la Policía echándonos. Tuve que sacar mis cosas y quedarme en la calle”, relata Manuel Sánchez, aún sin creerse lo que ha vivido.
Una mujer recién operada se queda en la calle
Muchos de los afectados se sienten víctimas de una estafa. Pagaban puntualmente entre 250 y 400 euros por habitación. Este mismo mes habían hecho la transferencia. “Nos tenemos que reunir y poner una denuncia contra esa mujer. No fue capaz ni de avisarnos”, añade Sánchez.
La situación fue especialmente dolorosa para quienes arrastran problemas de salud o en situación de vulnerabilidad. Inmaculada Talavera, una de las desalojadas, no puede contener las lágrimas: “Me operaron de la cadera hace poco y estoy en tratamiento por depresión. Me obligaron a salir. Solo me dejaron coger el andador, salí en pijama. No puedo relajarme, estoy en la calle”, explica con impotencia.
La mujer cobraba unos 2.500 euros mensuales en alquileres
El desalojo no fue fruto de una decisión repentina. El propietario del inmueble había avisado desde hacía tiempo a la arrendataria principal de que debía dejar la vivienda. Incluso le ofreció una alternativa habitacional, que ella rechazó. A pesar de que el contrato no fue renovado, la mujer se negó a marcharse y continuó subarrendando habitaciones. Según fuentes consultadas, cobraba en total unos 2.500 euros mensuales, mientras ella pagaba solo 800 al propietario.
La vía judicial fue inevitable. El dueño interpuso una demanda por expiración del contrato en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Las Palmas de Gran Canaria. La arrendataria agotó todos los recursos posibles, incluso ante el Tribunal Supremo. Todos fueron rechazados. Hace dos meses, se dictó sentencia firme de desalojo.
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento se desplazaron rápidamente
El desahucio dejó al descubierto la fragilidad del sistema para detectar y proteger a quienes habitan bajo condiciones irregulares, pero de buena fe. Algunos desalojados procedían directamente del comedor social Nuestra Señora del Carmen y, al regresar a casa, se encontraron con la cerradura cambiada.
Servicios Sociales del Ayuntamiento se desplazaron rápidamente al lugar. “Vivían en condiciones precarias. Desde que conocimos los hechos, buscamos una solución alojativa para todos ellos”, explica Eugenia Pérez, representante municipal. Hasta ahora, algunas personas han sido reubicadas en otra vivienda gestionada por la misma subarrendadora. Otras siguen esperando, en la calle, una respuesta que les ayude a tener de nuevo el techo que perdieron sin previo aviso.
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