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Coronavirus

España recibe la peor calificación de Europa durante el coronavirus sobre su gestión en la sanidad privada

La decisión de Pedro Sánchez de unifica a un único mando la sanidad pública y privada durante el coronavirus parece que no ha beneficiado al sector privado.

Un grupo de expertos convocados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha realizado sobre cómo se ha gestionado en España la aportación y contribución de la sanidad privada durante el coronavirus da a nuestro país la peor calificación.

Los expertos de dicho estudio señalan que la decisión del Gobierno de poner un mando único sanitario a los centros privados "sin importar la incidencia del coronavirus en cada zona y la delegación de los acuerdos entre la Administración y las empresas privadas a cada una de las 17 comunidades autónomas, sin directrices y sin un modelo claro y homogéneo que permita el cobro de los gastos soportados durante la crisis sanitaria, han generado un perjuicio inasumible para las clínicas".

Esto, según indican, ha provocado que "muchos centros privados tuviesen que rechazar a sus pacientes habituales y asociados para dar cabida a enfermos por el coronavirus que finalmente nunca llegaron por estar en zonas de baja incidencia de la pandemia. De esta forma, se cerró la vía de ingresos de estas empresas, no se utilizaron sus recursos ni se permitió acogerse a ERTE por ser un sector esencial".

Murcia, La Rioja, Cantabria y Asturias, son las comunidades autónomas que han sufrido un mayor descenso en sus ingresos. La Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla y León han sido las menos afectadas.

Indican que los centros sin internamiento han sufrido una caída de su facturación de más de un 85% y los hospitales de más de un 60% respecto a los datos de antes del coronavirus.

También han argumentando que mientras en España cada comunidad hace "lo que considera sin que el Gobierno establezca unas tarifas razonables y homogéneas", en Francia, Alemania y Reino Unido se ha impuesto una fórmula de colaboración en la que prima la salud de la población y la compensación a las empresas para "garantizar un servicio adecuado y el mantenimiento de un sector estratégico y de alto valor añadido".

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