El líder de Vox, Santiago Abascal

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Coronavirus

El Tribunal Superior de Cataluña también autoriza las manifestaciones de Vox contra el Gobierno

Era la comunidad que faltaba por decidir. Después de prohibirlas Interior y recurrir Vox a los tribunales, después de pasarse la decisión entre los Tribunales Superiores de las comunidades y el Supremo, al final todas las manifestaciones en coche convocadas por Vox han sido autorizadas.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado luz verde a las manifestaciones en vehículo particular que Vox ha convocado en las cuatro capitales catalanas para protestar por la gestión del Gobierno ante la pandemia de coronavirus. En sus autos, la sala contenciosa del TSJC, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, estima los recursos presentados por Vox contra la decisión del Ministerio de Interior de prohibir las marchas de protesta que la formación de extrema derecha ha convocado para mañana en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona por la alerta sanitaria.

La Fiscalía se había mostrado partidaria de que Vox pueda celebrar mañana las manifestaciones contra la gestión del Gobierno por el estado de alarma en las cuatro provincias catalanas siempre y cuando se cumpla con las garantías y medidas sanitarias necesarias para prevenir el contagio de COVID-19. Así lo ha sostenido en los cuatro juicios que se han celebrado en la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para resolver sobre los recursos presentados por la formación de extrema derecha contra la decisión del Ministerio de Interior de no autorizar las manifestaciones.

Fiscalía a favor

Las protestas han sido convocadas en varias ciudades del país, además de Madrid, donde Vox ha llamado a manifestarse con un recorrido en vehículo privado durante media hora y con uso de mascarilla. El Ministerio Público ha recordado que el estado de alarma no impide el derecho de manifestación siempre que se haga preservando las garantías sanitarias necesarias y ha abogado por que se puedan celebrar las cuatro manifestaciones, tanto en Girona, Tarragona y Lleida, que se encuentran en la fase 1 de la desescalada, como en Barcelona, que está todavía en la fase 0,5. "Siempre hemos sido muy rigurosos con el derecho de manifestación", ha recordado la fiscal, quien ha esgrimido que carece de sentido permitir las protestas en otras ciudades españolas como Madrid -que también sigue en fase 0,5- y no hacerlo en las cuatro provincias catalanas.

Abogacía del Estado en contra

En cambio, la Abogacía del Estado se ha opuesto a la celebración de las manifestaciones al considerar que existe riesgo de contagio de coronavirus, dado que, además de en vehículo privado, los manifestantes también pueden acudir al acto en moto o bicicleta. "El derecho a la vida, a la integridad y a la sanidad está por encima del derecho de reunión", ha subrayado antes de recordar que en Cataluña hay el doble de casos positivos de COVID-19 que en España, lo que justificaría su posición contraria a permitir la cita. Asimismo, la Abogacía del Estado ha alertado que estas protestas son "absolutamente de índole política" y no en defensa de derechos fundamentales, por lo que, ha opinado que los motivos sanitarios están por encima que el derecho a esta manifestación. "Un mitin en coche no puede prevalecer sobre el derecho a la vida", ha recalcado para añadir que, además, su celebración puede conllevar alteraciones del orden público y riesgo de colapso del tráfico en plena pandemia.

Por su parte, Vox ha insistido en que el derecho a manifestación no está suspendido por el estado de alarma, solo en el de sitio y excepción, y ha asegurado que, de prohibirse en Cataluña, se incurrirá en "un agravio comparativo respecto a otras provincias que están en la misma fase que las catalanas". Los recursos de Vox, que el Tribunal Supremo derivó ayer al TSJC, piden que se revoque el acuerdo del pasado día 15 por el que el Ministerio de Interior prohibía la celebraciones de manifestaciones comunicadas por Vox en las capitales de las cuatro provincias catalanas para mañana.

Otros tribunales ya han autorizado las que se han convocado en Madrid y otras muchas ciudades, prácticamente en todas las capitales de provincia.

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